77 auditorías con ilícitos cometidos por funcionarios y partidos

A. Santo Domingo, República Dominicana.-El nuevo procurador o procuradora que asuma la Procuraduría Especial de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en agosto próximo, encontrará para fines de investigación 77 informes de auditorías financieras entregados por la Cámara de Cuentas de la Repúblicas (CCRD), y que comprometen a funcionarios y exfuncionarios peledeistas en ilícitos penales.

Los informes del órgano control revelan manejos no transparentados de miles de millones de pesos de los bolsillos de la ciudadanía, usados sin control como gasto público, en diversas instituciones centralizadas, autónomas y ayuntamientos y juntas municipales. También incluye irregularidades detectadas en la deuda pública del gobierno.

Los documentos que reposan en el PEPCA apuntan a funcionarios de las administraciones de Leonel Fernández y de Danilo Medina. Asimismo tienen sus informes dos partidos políticos que no manejaron bien las finanzas entregadas por la Junta Central Electoral (JCE).

Las investigaciones de la Cámara de Cuentas no son concluyentes, tienen que ser avaladas por la Procuraduría Especial de Persecución de la Corrupción Administrativa para poder instrumentar expediente y llevarlo ante la justicia, según han dicho las propias autoridades de la Cámara.

El presidente electo Luis Abinader, ganador de las pasadas elecciones presidenciales, ha prometido nombrar a un procurador independiente que investigue los casos de corrupción en la administración pública

Los 77 informes a los estados financieros de las instituciones del Estado y que revelan indicio de delitos penales, tienen hasta 12 años en mano del Ministerio Público; pero solo ocho han sido investigados y presentados por la PEPCA.

Los hallazgos de los auditores de la CCRD que han sido remitidos al órgano judicial, comprometen legalmente a funcionarios de varios ministerios, direcciones generales, hospitales, oficinas técnicas y ayuntamientos, por supuesto manejo irregular de fondos públicos.

Los documentos abarcan también las anomalías financieras encontradas en 35 ayuntamientos y juntas distritales, administradas por dirigentes de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Reformistas Social Cristiano (PRSC) y Revolucionario Dominicano (PRD) principalmente.

En los informes figuran, además, el manejo no transparentado de los fondos entregados a las organizaciones políticas: Alianza Social Dominicana (ASD) y Partido Socialista Verde (PASOVE) en la campaña presidencial de 2012.

El órgano de control (CCRD) considera que la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa debe investigar a los funcionarios de las entidades intervenidas que infligieron, según dice, leyes y resoluciones que regulan el gasto público, para beneficio propio y de tercero.

Entre los ilícitos penales detectados en las auditorías figuran compras sobrevaluadas, desvío de fondos estatales, apropiación de recursos públicos, trabajos pagados y no realizados, transferencias financieras irregulares, pagos injustificados de bienes y servicios, así como obras sobrevaluadas, compras de insumo sin licitaciones; obras adjudicadas grado a grado, pago de dietas y representación sin soportes ni justificación, entre otros.

De las 333 auditorías e investigaciones especiales que ha realizado por la Cámara de Cuentas en los últimos 12 años, solo en 77 el órgano encontró indicios graves de malversación de recursos financieros, que deben ser investigados y confirmado por el Ministerio Público.

Entre los casos llevados a la justicia por alegado manejo irregular de fondos estatales, figuran los expedientes contra exfuncionarios del Instituto Nacional de Recursos Hidratico (INDRI), Dirección de Bienes Nacionales, síndicos de los ayuntamientos municipales de La Romana, Cabarete, Puerto Plata, San Cristóbal, San Francisco de Macorís y otros.

La CCRD apunta en sus informes que en los ministerios de Educación, Planificación y Desarrollo, Deporte, Recursos Naturales y Cultura, en los cuales se encontraron operaciones irregulares en sus estados financieros, así como violaciones a la Ley sobre Compra y Contrataciones del Estado y la Orgánica del Presupuesto Nacional, que comprometen penalmente a exfuncionarios de estas instituciones.

Igualmente figuran el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (ONSA); el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHAID), Deuda Pública del Gobierno, así como Lotería Nacional, Tesorería de la Seguridad Social ( TSS), Dirección General de Minería (DGM) y otras, que violaron normas y leyes relativa al gasto público en su beneficio.

Asimismo, están pendiente en el PEPCA los informes críticos a los ejercicios presupuestarios de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), Comisión Nacional de Energía (CNE), Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) Tesorería Nacional (PN); Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados ( OCABID) entre otros, en los cuales hay supuestas evidencias de operaciones irregulares de fondo público.

La Procuraduría Especial de Persecución de la Corrupción Administrativa tiene demorado confirmar las irregularidades detectadas por la CCRD en los ayuntamientos (ahora alcaldías) del Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, La Vega, Nagua, Santiago de Los Caballeros, Cotui, Imbert, Puerto Plata, Bayaguana; Fundación en Barahona y otros.

Las auditorías de la CCRD abarcan también los ejercicios presupuestarios de los hospitales Vinicio Calventi, Marcelino Vélez Santana, Maternidad Nuestra Señora De La Altagracia; Luis Eduardo Aybar, Regional Universitario José María Cabral Báez, Traumatológico Juan Bosch y el Laboratorio Nacional de Salud Pública Dr. Defilló, donde el órgano regulador habría encontrado indicios de ilícitos penales relativos al gasto público.

El presidente electo Luis Abinader, ganador de las pasadas elecciones presidenciales, ha prometido nombrar a un procurador independiente que investigue los casos de corrupción en la administración pública.

Representantes de la sociedad civil vienen reclamando de acciones contra la corrección y la impunidad en el gobierno, y esperan que las nuevas autoridades, que inicia el próximo 16 de agosto, sometan a la justicia a los funcionarios que se enriquecieron con los dineros del pueblo.

A continuación la lista las auditorías enviadas a la PEPCA con indicios de responsabilidad penal y que la mayoría está pendiente de investigación por parte del órgano persecutor de la corrupción pública.