EE. UU. pretende sancionar a la Corte Penal Internacional
AL MAYADEEN. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que permite imponer sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) en respuesta a la solicitud de esa instancia para emitir órdenes de arresto contra los líderes israelíes, encabezados por el primer ministro Benjamín Netanyahu.
De acuerdo con el sitio web estadounidense The Hill, los congresistas sancionaron el proyecto de ley por una mayoría de 247 votos frente a 155 en contra.
Según el proyecto, presentado por iniciativa republicana, Estados Unidos puede imponer sanciones a la CPI si intenta investigar, detener, arrestar o citar ante la justicia a cualquier persona bajo su protección.
Esta categoría incluye a los estadounidenses, el personal militar, a todos los que trabajan para ese gobierno y a ciudadanos de los países aliados.
A propósito, el Coordinador de Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó que Estados Unidos no creía correcto imponer sanciones contra el tribunal internacional.
Durante una rueda de prensa, Kirby recordó que esa máxima instancia penal no tiene jurisdicción sobre “Israel” y Washington no apoya la emisión de órdenes de arresto contra funcionarios israelíes.
Con esta nueva legislación algunos congresistas esperan enviar un fuerte mensaje de apoyo a “Israel” y a la CPI para que no procese a funcionarios y soldados estadounidenses en el futuro.
Otros miembros de la Cámara de ambos partidos no ratificaron el proyecto de ley con el argumento de que perjudica a algunos de los aliados de Washington que cooperan con La Haya, como Japón y Francia.
Hace algunas semanas, el fiscal de la Corte, Karim Khan, solicitó al tribunal emitir órdenes de arresto contra Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Galant, y otros miembros del gobierno por sus crímenes de guerra y de genocidio contra el pueblo palestino de Gaza.
La orden de detención obliga a los 123 Estados signatarios de la Convención de Roma, de la que el tribunal deriva su autoridad, a arrestar a la persona sancionada si llega a su territorio.
