The New York Times: ‘Los haitianos son devueltos en jaulas’
Cada mañana, en la frontera entre Haití y República Dominicana, se alinean camiones en forma de jaula con barras de hierro que parecen diseñados para transportar ganado.
Los vehículos en el paso fronterizo de Elías Piña no van cargados de ganado, sino de haitianos deportados por las autoridades de inmigración dominicanas. Entre ellos hay hombres jóvenes, mujeres embarazadas, niños sin acompañantes y algunas personas que nunca han vivido en Haití.
Desde octubre, más de 55.000 personas han sido deportadas a Haití.
Rose-Mieline Florvil, de 24 años, quien vivió menos de un año en República Dominicana, dijo que agentes de inmigración allanaron recientemente su casa en Santiago, al norte del país, un día antes del amanecer y dijeron algo parecido a: “morena, ven acá”.
“No pude correr porque estoy embarazada”, dijo.
La extraordinaria oleada de deportaciones —las autoridades dominicanas dicen que el objetivo es de 10.000 por semana— refleja una nueva y estricta política de inmigración por parte de un país con una historia complicada y racialmente cargada con Haití.
Las dos naciones comparten la isla de La Española, y República Dominicana, la más próspera de las dos, ha hecho sonar fuertes alarmas por tener que soportar la carga de lo que, según los expertos, es un vecino Estado fallido.
Problemas extremos en Haití —el aumento de la violencia de las pandillas, infraestructuras de salud en ruinas y un gobierno sin líderes electos e incapaz de revertir el declive del país— han desencadenado un éxodo de personas en busca de seguridad y un medio de vida.
Como resultado, migrantes haitianos están utilizando una parte cada vez mayor de los servicios del gobierno dominicano, incluida la salud pública, según las autoridades.
Las autoridades dominicanas dicen que ya están hartas.
“La percepción general en la población dominicana es de que nosotros estamos brindando una asistencia, servicios sociales, mayor de lo que a República Dominicana le compete”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, en una entrevista, “y que la comunidad internacional nos ha dejado solos para atender las necesidades haitianas”.
Desde que el último presidente de Haití fue asesinado hace más de tres años, el país se ha visto convulsionado por una violencia de pandillas que ha dejado más de 12.000 muertos y ha obligado a cerca de 800.000 personas a abandonar sus hogares.
Las autoridades dominicanas afirman que su país no debe servir de válvula de escape para una crisis que el mundo ha ignorado en gran medida. El presidente dominicano, Luis Abinader, anunció en octubre una política de inmigración más estricta en un clima de nacionalismo.
Abinader dijo que había advertido a las Naciones Unidas que si la situación en Haití no mejoraba, República Dominicana tomaría “medidas especiales”.
Además de las redadas masivas, dijo que reforzaría los controles en la frontera y desplegaría unidades especializadas para acabar con el creciente número de inmigrantes y traficantes de personas, respetando los derechos humanos.
“Nosotros no necesitamos dar explicación para respetar nuestras leyes de migración”, dijo el presidente.
Pero las organizaciones de derechos humanos afirman que las expulsiones han estado plagadas de abusos y falta de garantías procesales.
Eduardo Moxteya Pie, de 29 años, quien nació en República Dominicana de padres haitianos, dijo que tenía un informe policial que demostraba que había denunciado la pérdida de su documento nacional de identidad, que probaba su ciudadanía dominicana.
Sin la tarjeta, fue detenido al salir de su trabajo agrícola el mes pasado y trasladado a Haití, donde vive en un albergue.
Un niño de 11 años que se encontraba en un refugio para inmigrantes en Haití dijo que lo habían capturado durante una redada de inmigración a primera hora de la mañana en la casa donde se había alojado en un pueblo cercano a la frontera.
Un muchacho de 17 años dijo que un agente de inmigración dominicano le había disparado en una pierna durante una redada en su casa.
Si bien las autoridades dominicanas tienen derecho a controlar su frontera, activistas de derechos humanos y deportados afirman que los agentes de inmigración están barriendo con las personas negras de las calles, independientemente de su situación de residencia.
Los migrantes han llegado a Haití heridos por palizas y muchos otros denunciaron haber sido acosados verbalmente, dijo Laura d’Elsa, coordinadora de protección de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, que ayuda a gestionar los refugios a lo largo de la frontera.
“¿Por qué se producen todos estos abusos masivos?”, dijo d’Elsa. “Es extremadamente chocante de ver y lo más extremo que he visto nunca”.
Al recibir preguntas por las acusaciones de malos tratos, el Ministerio de Interior y Policía de la República Dominicana, que supervisa la inmigración, solicitó las preguntas por escrito y luego no las respondió.
Álvarez, el ministro de Relaciones Exteriores, dijo que el porcentaje de los bebés nacidos en hospitales públicos de madres haitianas había aumentado a 40 por ciento en octubre desde casi 24 por ciento en 2019.
Alrededor de 147.000 niños haitianos están matriculados en la escuela en República Dominicana, lo que cuesta alrededor de 430 millones de dólares al año, dijo.
El país resiente las afirmaciones de los críticos de que su política de inmigración es “racista y xenófoba”, dijo Álvarez. “Todos los otros países que lo hacen a ninguno se les hace ese tipo de señalamiento”.
La historia de los dos países es larga y compleja. Después de que los esclavos de Haití se rebelaran y formaran su propia nación negra independiente en 1804, gobernaron toda la isla durante 22 años. El Día de la Independencia de República Dominicana marca su ruptura no con España, el país que la colonizó durante casi tres siglos, sino con Haití.
Los dirigentes dominicanos han promovido históricamente el sentimiento antihaitiano. En 1937, soldados dominicanos, siguiendo órdenes del dictador Rafael Trujillo, masacraron a miles de haitianos.
El ministro de Asuntos Exteriores de Haití señaló que el presidente dominicano decidió desvelar el plan de deportación masiva el 2 de octubre, en el 87.º aniversario de la masacre.
En 2010, República Dominicana cambió su Constitución para eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados. Tres años después, el Tribunal Constitucional del país dictaminó que la medida podía aplicarse con carácter retroactivo, lo que convirtió en apátridas a decenas de miles de personas nacidas en República Dominicana de padres haitianos.
“Por perfil racial, pueden ser detenidos y expulsados de su propio país de nacimiento”, dijo Bridget Wooding, experta en inmigración de un instituto de estudios migratorios de Santo Domingo, la capital dominicana.
En octubre, poco después de que comenzaran las deportaciones, Dominique Dupuy, ministra de Asuntos Exteriores de Haití en aquel momento, declaró a un canal de noticias francés que se elegía a las personas “por el simple hecho de tener la piel negra”. Afirmó que algunos ni siquiera eran haitianos.
Un consejo de transición que dirigía Haití obligó a Dupuy a dejar su cargo unas semanas más tarde. Tanto ella como el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, declinaron hacer comentarios.
En 2017, la última vez que se realizó una encuesta gubernamental, había casi 500.000 haitianos en República Dominicana, y los expertos calculan que el número puede haberse duplicado desde entonces.
Muchos expertos destacan que los haitianos trabajan en industrias como la construcción y la agricultura que impulsan la economía dominicana.
Pero muchos dominicanos resienten su presencia.
“Si la comunidad internacional no asume su responsabilidad del frente dominicano, vamos a defender lo nuestro, nuestro espacio, nuestro territorio, nuestra nación, nuestra identidad”, dijo Pelegrín Castillo, vicepresidente del partido Fuerza Nacional Progresista, que ha liderado el movimiento nacionalista.
Eduardo Gamarra, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Internacional de Florida, quien fue asesor de un expresidente dominicano, dijo que las autoridades tenían razón al sentir que sus peticiones internacionales de ayuda habían quedado sin respuesta.
“Cualquier cosa que ocurra en Haití tiene consecuencias directas en República Dominicana”, dijo Gamarra. “No creo que la gente lo entienda del todo”.
Aun así, la avalancha de deportaciones ha desbordado a las organizaciones sin fines de lucro que intentan ayudar a los inmigrantes en la frontera.
En el Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados, un refugio en Haití cerca del paso fronterizo de Elías Piña, los migrantes deportados se agolpan entre los trabajadores sociales, suplicando ayuda.
José Alberto de los Santos, de 17 años, dijo que los agentes de migración lo detuvieron el mes pasado mientras trabajaba en una tienda de neumáticos en Higüey, a unos 50 kilómetros al oeste de Punta Cana, una ciudad turística dominicana en la costa oriental.
“Yo les dije que yo era dominicano”, dijo de los Santos en perfecto español. “Ellos me preguntaron por los papeles y yo les dije que no los tenía”.
Florvil, la mujer embarazada, dijo que el barrio al norte de la capital haitiana, de donde es originaria, está ahora bajo el control de las pandillas, por lo que no ha regresado. Hace lo que puede vendiendo agua cerca del paso fronterizo de Elías Piña.
“Si tuviéramos un presidente en nuestro país, no creo que, hoy en día, Luis Abinader nos maltrata como nos está maltratando”, dijo refiriéndose al mandatario dominicano. “Lo hace porque sabe que no tenemos un presidente que hable por nosotros”.
NYT
