En una carta pastoral publicada el 29 de mayo, la Conferencia Episcopal de El Salvador abogó por derogar el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, por considerar que ya no es necesario. También pide al Gobierno que no promocione al país como “una cárcel internacional” y que cese la persecución de defensores de derechos humanos.
La Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES), que aglutina a los obispos de la iglesia Católica del país, abogó por la derogación del régimen de excepción, vigente en el país desde marzo de 2022 y que hasta la fecha acumula más de 80,000 personas capturadas, entre denuncias de detenciones arbitrarias, malos tratos y muertes en las cárceles.
En una carta pastoral publicada el pasado 29 de mayo, la CEDES consideró que “ya no es necesario” mantener la suspensión de tres garantías constitucionales. “Ahora se trata de permitir al pueblo ejercer su libertad sin presión alguna. Pues el pueblo no puede continuar haciendo el bien, actuando el bien, y obedeciendo las leyes, por temor al régimen de excepción”, afirmaron los obispos. “Hacer el bien por miedo es coerción y hacerlo por obligación es represión”, afirmó la entidad.
El régimen de excepción está vigente desde el 27 de marzo de 2022, aunque una investigación de LA PRENSA GRÁFICA, publicada en septiembre de ese mismo año, reveló que comenzó a implementarse un día antes, cuando aún no se había aprobado el decreto en la Asamblea Legislativa. La medida fue la respuesta de la administración de Nayib Bukele a una ola de asesinatos, atribuidos a pandillas, que ocurrió ese fin de semana.
Desde entonces, el Gobierno ha capturado a 86,400 personas, según los datos que proporcionó en la última prórroga que solicitó para el régimen, la número 39, y que fue aprobada en la Asamblea esta semana. No obstante, el Ejecutivo también ha reconocido que existe “un margen de error” en la implementación de la medida, que ha llevado a encarcelar a personas que no tienen vínculos con pandillas.
En ese sentido, los obispos instaron a “revisar los casos con gran objetividad para lograr que, los que son inocentes, salgan de ahí (de las cárceles) lo más pronto posible”. La CEDES también felicitó “los esfuerzos y logros alcanzados hasta la fecha” respecto a la inseguridad ciudadana, aunque investigaciones periodísticas de medios como El Faro han asegurado que la reducción de los asesinatos se debió a un acuerdo entre las pandillas y el Gobierno.
La Conferencia Episcopal también llamó al Ejecutivo a “no colaborar en la lucha de los grandes países colonizadores contra los migrantes» y a no “promover las cárceles de nuestro país para las víctimas de las políticas antiinmigrantes de las potencias extranjeras”. En marzo de este año, la administración Bukele anunció un acuerdo con Estados Unidos para encarcelar a extranjeros deportados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Ninguno de los gobiernos ha divulgado el documento del acuerdo, pero públicamente han asegurado que las personas que han sido deportadas al CECOT pertenecen a la estructura criminal Tren de Aragua y a la MS-13, pero medios estadounidenses han revelado que la mayoría no tenían antecedentes delincuenciales. “Los migrantes no son delincuentes ni criminales. Son personas que buscan mejores oportunidades de vida. Son hermanos nuestros”, afirmó la Iglesia católica.
“Derogar, con urgencia, la ley de minería aprobada a finales del año pasado (…). Escuchar las voces de los ambientalistas, evitando su persecución y encarcelamiento. No es justo que se les enjuicie y mucho menos que se les encarcele por su trabajo en favor del medio ambiente”
Iglesia pide cese a la persecución de defensores
En su carta pastoral, la CEDES también llamó a cesar lo que calificó como persecución de defensores de derechos humanos e instó también a liberar a aquellos que han sido apresados por ejercer su labor.
Las organizaciones de derechos humanos han denunciado la detención de activistas como Fidel Zavala, de la Unidad de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), capturado en febrero de este año; y más recientemente la del pastor José Ángel Pérez y del abogado Alejandro Henríquez, ambos detenidos el 12 y 13 de mayo, respectivamente, por participar en una protesta pacífica de la cooperativa El Bosque.
También han denunciado la detención de la abogada de Cristosal, Ruth Eleonora López, ocurrida el pasado 18 de mayo; y las órdenes de captura giradas a principios de este mes contra los abogados Rudy Joya e Ivania Cruz, ambos de la Unidehc, y quienes están fuera del país desde febrero por una gira en la que han denunciado capturas arbitrarias durante el régimen de excepción.
La CEDES además pidió escuchar las voces de los ambientalistas, “evitando su persecución y encarcelamiento, no es justo que se les enjuicie y mucho menos que se les encarcele por su trabajo en favor del medio ambiente”. En la carta, la Iglesia católica expresó su preocupación por la situación medioambiental del país y reiteró su llamado a derogar la ley de minería metálica, aprobada por diputados oficialistas a finales de 2024 y con la que se reactiva un actividad que estaba prohibida desde 2017.
Por otra parte, la Iglesia católica también cuestionó la decisión del Ministerio de Educación (MINED) de unificar escuelas. “Creemos que la unificación de escuelas podrá ser una medida conveniente para la institución regente; pero, no para el país”, afirmó. Los obispos señalaron la necesidad de aumentar el acceso a educación y a espacios de sano esparcimiento en zonas que antes estuvieron dominadas por la violencia.
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