Pulso minero de Ecuador: entre leyes, resistencia y territorio
La década de 1990 marcó un punto de inflexión en la política minera global. Muchos países, impulsados por instituciones financieras internacionales, modificaron sus legislaciones para favorecer a empresas transnacionales. Ecuador no fue la excepción. En 1991, una nueva ley permitió a empresas adquirir terrenos bajo el rótulo de “derechos mineros”, negociando sobre tierras campesinas sin necesidad de autorización estatal ni de los propietarios.
En el año 2000, la reforma conocida como Trole 2 profundizó esta tendencia: se eliminaron impuestos a mineras, se otorgaron concesiones por 50 años renovables, y las empresas apenas contribuían al Estado. La legislación pasó de regular a proteger los intereses económicos de unos pocos.
Pero ese modelo enfrentó una poderosa reacción ciudadana. En 2008, en plena Asamblea Constituyente, se emitió el Mandato Minero, que buscaba revertir concesiones al Estado, proteger fuentes hídricas, realizar auditorías y frenar nuevos permisos hasta contar con una nueva ley. A pesar de este avance, el gobierno no cumplió con su implementación.
En 2009, tras masivas protestas, se aprobó una nueva ley de regalías que, lejos de garantizar mayor equidad, oficializó la minería a gran escala como política de Estado. No se regularon las negociaciones entre empresas sobre “derechos mineros”, lo que aumentó la concentración y el poder de las multinacionales.
Desde 2013, la Ley de Minería fue modificada siete veces con el objetivo reducir controles e impuestos para atraer inversión extranjera, incluso permitiendo que compañías con fondos en paraísos fiscales accedieran a concesiones territoriales.
La noche del pasado sábado, el colectivo Frente Nacional Antiminero denunció la llegada de autobuses con agentes de la Policia de Ecuador, presuntamente en apoyo a un intento de ingreso forzado de la empresa canadiense Curimining a territorios en Las Naves. La compañía continúa trasladando maquinaria pesada pese a la resistencia pacífica de la comunidad. Testigos afirman que una de sus camionetas agredió a dos mujeres mayores.
Este no es solo un conflicto jurídico. Es una lucha por el agua, la tierra, los alimentos y el futuro. Mientras las normativas protegen los intereses empresariales, las comunidades defienden sus derechos y territorios.
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