ABA objeta proyecto de ley alquileres, dice afecta la libertad de empresa y contraviene la Constitución

En una misiva enviada al Congreso Nacional, la Asociación de Bancos Múltiples (ABA) manifestó su preocupación por el proyecto de ley de alquileresque establece el depósito obligatorio como garantía del contrato de alquileres en los bancos, y pide a la comisión revisar los artículos 15 y 16 porque se les atribuyen funciones en que no tienen atribuciones legales ni operativas.

La ABA afirma que esa disposición introduce a un tercero que carece de la competencia legal y genera riesgos operativos legales y de reputación en un pacto que es entre arrendador e inquilino.

La propuesta de ley, dice la ABA en hilo de la plataforma X, también obliga a notificar los contratos al supervisor bancario y eso es una carga sin precedentes, alejada de las funciones del sistema financiero.

“Nos preocupa que estas disposiciones, lejos de resolver una necesidad, terminen introduciendo más inseguridad jurídica en relaciones que deberían mantenerse bajo el marco de la autonomía contractual entre las partes”, indica el gremio bancario.

Al respecto, señala que el proyecto debe asegurar que la protección al arrendatario y al arrendador no derive en un traslado indebido de funciones a las entidades financieras.

LA CARTA

La carta de la ABA enviada al Congreso Nacional, vía el presidente de la comisión especial que estudia el proyecto de ley general de alquileres, bines inmuebles y desahucios, Amado Díaz Jiménez, reitera que de ser aprobado en su forma actual la ley sería una restricción directa a los principios fundamentales del derecho civil, como lo es la autonomía de la voluntad entre las partes.

Además, lesiona la libertad de empresa establecida en el artículo 50 de la Constitucióndominicana.

Respecto al depósito obligatorio de garantía en los bancos, junto a la presentación de copias del contrato de alquiler que luego debe ser presentado a la Superintendencia de Bancos, establecido en los artículos 15 y 16, la ABA dice que se distorsiona la finalidad original, porque un contrato es una relación privada entre las partes.

Y, eso podría generar inseguridad jurídica, derivar en conflictos por incumplimiento, “trasladando a las entidades bancarias riesgos legales para los que no están habilitadas ni estructuralmente diseñadas”.

Advierte que de no ser modificada la propuesta se colocará a las entidades bancarias en una posición análoga al proceso de embargos generalmente usados sin criterios claros ni mecanismos de control judicial previo, “generando abusos y distorsiones que se traducen en inseguridad jurídica y afectaciones económicas”, señala la misiva firmada por la presidente ejecutiva de la ABA, Rosanna Ruiz.

LD.

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