Haití: La oligarquía empresarial asume control total del Ejecutivo
Con la reciente toma de posesión de Laurent Saint-Cyr como presidente del Consejo Presidencial de Transición, al lado del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, el poder ejecutivo haitiano estará durante seis meses en manos de los representantes asumidos de las oligarquías económicas. Una situación que preocupa a los sectores populares y puede tener consecuencias a largo plazo para el país.
El Consejo Presidencial de Transición (CPT) se formó en un contexto de crisis política, en abril de 2024, tras la dimisión forzosa del entonces primer ministro Ariel Henry. Sus principales objetivos son restablecer la seguridad y organizar nuevas elecciones antes de febrero de 2026. Cada uno de los nueve miembros que lo componen fue designado por una coalición de partidos o un sector de la sociedad civil, y puede asumir la presidencia rotatoria durante cinco meses.
Saint-Cyr fue director ejecutivo de una compañía de seguros y también presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Haití (CCIH), pero nunca ocupó ningún cargo político antes de integrar el CPT. Actualmente es estudiante en la universidad privada estadounidense Yale Jackson School of Global Affairs, lo que plantea dudas sobre la posibilidad de acumular estas dos actividades sin conflictos de intereses. A su lado, el primer ministro en funciones desde noviembre de 2024 tiene un currículum similar. Alix Didier Fils-Aimé es un empresario del sector de la comunicación, licenciado por la Universidad de Boston (Estados Unidos), que también ha presidido la CCIH y cuya única experiencia en la esfera política es una candidatura fallida al Senado en 2016.
En ausencia de un parlamento o poder legislativo, el principal órgano que debería orientar y supervisar la actuación del gobierno sería el propio CPT. Pero tras año y medio en funciones sin haber dado ningún resultado a la población, este se encuentra debilitado por divisiones internas, y con tres de sus miembros implicados en escándalos de corrupción. En la práctica, el «sector privado» tiene vía libre en el poder.
Preocupaciones legítimas
En una entrevista concedida a la plataforma haitiana Ayibopost, a principios de mes, Fritz Alphonse Jean, único representante de organizaciones progresistas del CPT y predecesor de Saint-Cyr en su presidencia, expresó sus preocupaciones sobre la situación: «Cuando es el sector privado el que dirige las dos ramas [del ejecutivo], esto suscita inquietudes legítimas», afirmó, recordando que varios empresarios haitianos están «implicados en la distribución de armas y el lavado de dinero» y «participan en el caos» que atraviesa el país.
La economía haitiana se caracteriza por una fuerte concentración de empresas en manos de unos pocos cientos de familias. Estas oligarquías llegan a controlar más del 50 % de algunos sectores, se benefician de importantes ventajas fiscales y controlan también el sector financiero y el acceso al crédito. Siempre tuvieron una participación en los bastidores en la vida política, y su imagen se ha visto empañada por frecuentes escándalos de corrupción.Asimismo, los vínculos directos entre las élites haitianas y las bandas armadas que aterrorizan a la población fueron denunciados en un informe de la ONU publicado en octubre de 2023.
Pese a las sanciones impuestas contra varios empresarios haitianos por la ONU o por Estados Unidos, la oligarquía económica mantiene estrechas relaciones con este país, donde gasta millones en actividades de lobby con las autoridades. El Centro de Investigación Económica y Política (Center for Economic and Policy Research, Ceps) reveló, entre otros casos, que el propio primer ministro Fils-Aimé firmó un contrato de 35 000 dólares mensuales con un agente de cabildeo cercano al presidente Donald Trump.
« A pesar de la retórica de los últimos años por parte de la comunidad internacional, lo que está claro es que la larga relación que el sector privado de Haití mantiene con los políticos y diplomáticos estadounidenses sigue siendo un importante motor de la política en Haití. Y, a pesar de tres años de sanciones internacionales y críticas públicas a las élites de Haití, la clase oligárquica del país quizá nunca haya tenido tanto poder, aunque, por supuesto, siguen existiendo muchas divisiones internas », concluye el investigador del Ceps, Jake Johnson.
Un proyecto para Haití
Pocos días antes del nombramiento de Laurent Saint-Cyr como presidente del CPT, a principios de agosto, el Instituto Macaya, formado por 18 grandes empresarios haitianos, encargó al consultor estadounidense Andrew Cheatham un plan de acción para el gobierno, cuyo contenido no se ha revelado al público. Otras medidas y noticias despertaron la atención de las organizaciones populares, como la repentina sustitución del director general de la Policía Nacional en vísperas de una reunión con representantes de la embajada de Estados Unidos, o el resurgimiento de la polémica sobre un supuesto acuerdo con el mercenario Erik Prince, un acuerdo secreto con el mercenario Erik Prince, que habría sido firmado por Fils-Aimé sin consultar al CPT.
Al mismo tiempo, la pareja demuestra su determinación de cumplir el plazo dado al CPT para restaurar las instancias democráticas, incluso en las actuales condiciones de inestabilidad e inseguridad. El 18 de agosto, el primer ministro anunció un presupuesto de 67,5 millones de dólares para la celebración de un referéndum constitucional y nuevas elecciones “en los próximos meses”.
Sin embargo, cambiar la Constitución del país está lejos de ser un consenso, sobre todo para el campo popular, que denuncia la ausencia de debate público sobre el tema, mientras que el nuevo texto está siendo redactado por un comité sin legitimidad democrática. Dependiendo del resultado de esta agenda, el corto mandato de Laurent Saint-Cyr en la presidencia del CPT podría cambiar el destino del país para los próximos años.
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