Fantasmas de la Seguridad Social: cotizaron, pero no hay registros
En los últimos tres años, miles de trabajadores dominicanos y extranjeros cotizaron y no fueron inscritos por sus empleadores en el Sistema de Seguridad Social; se trata de más de 200 empresas formales que infringen las reglas.
En el corazón financiero de Piantini, uno de los sectores empresariales más importantes de Santo Domingo, la historia de Alejandro (nombre protegido) revela una dura realidad que viven decenas de trabajadores extranjeros legales en la República Dominicana: trabajan formalmente durante años en empresas reconocidas, bajo contrato, con salario, horario fijo, pero, algunos, no son afiliados al Sistema de Seguridad Social.
Alejandro, de 43 años, llegó al país en 2022 con una visa de trabajo emitida por el Consulado dominicano en su país de origen. Aceptó una oferta laboral de alto nivel en un grupo económico de gran presencia nacional. Lo dejó todo en su país: su carrera, su casa, su entorno y junto a su esposa e hija pequeña, emprendió una nueva vida. Todo parecía legal y transparente: firmó contrato, recibió ayuda para abrir una cuenta bancaria, obtuvo su carnet de residencia, cumplía un extenso horario laboral de 8:30 de la mañana a 7:00 de la noche, y recibía su salario puntualmente. Pero tras más de dos años de trabajo, tomó una nueva oportunidad profesional y cambió de empresa. Y fue cuando, una simple solicitud de su reciente trabajo, el código de afiliación a su AFP (881) destapó una irregularidad mayúscula.
“No aparecía registrado en ninguna AFP, ni siquiera en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Me dijeron que nunca fui afiliado. Me quedé en el aire”, comenta a Panorama Alejandro, con visible frustración.
Alejandro no está solo. Según datos de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), entre 2022 y 2025 se han registrado más de 3,155 orientaciones relacionadas con irregularidades en la afiliación al sistema de pensiones y seguridad social. De esa cifra, 1,466 corresponde a orientaciones relacionadas al procedimiento que deben seguir para reportar una empresa por incumplimiento a las normas del SDSS y 1,524 entorno a preguntas de cómo denunciar al empleador por incumplir las disposiciones de la Ley 87-01 que rige el Sistema.
Durante el período mencionado, 210 empresas fueron reportados por incumplimiento de la ley de seguridad social y 166 han solicitado constancia de inscripción ante el SDSS por ser extranjero.
Estas irregularidades ocurren, a pesar de que la Ley 87-01, que regula el sistema, es clara: todo trabajador en relación de dependencia, sin importar su nacionalidad, debe estar afiliado a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). Además, la afiliación es obligatoria, única y permanente.
¿Desinformación o negligencia deliberada?
Ante la omisión, Alejandro acudió a Recursos Humanos. La respuesta fue sorprendente: “No te registramos porque eres extranjero”, le dijeron. La afirmación no solo es errónea, sino contraria a la ley. Consultó a un abogado externo, quien le confirmó que cumplía con todos los criterios legales para ser considerado trabajador bajo dependencia: contrato, subordinación, salario y horario. La excusa de su nacionalidad era infundada.
En el Código de Trabajo de la República Dominicana, según sus artículos 1 y 4 un trabajador se define de forma clara y legal, como:
«Toda persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo manual o intelectual, bajo la dependencia o autoridad de esta y mediante una remuneración cualquiera».
Los beneficios laborales que reciben los trabajadores en relación de dependencia según el Código de Trabajo dominicano (sean dominicanos o extranjeros residentes legales en el país).
o Salario
o Jornada de trabajo
Días de descanso
o Vacaciones
o Licencias
o Bonificación Legal
o Regalía Pascual (Sueldo 13)
o Indemnización por desahucio o despido
o Auxilio de cesantía
En el caso de la Seguridad Social, todo trabajador tiene derecho a estar afiliado al Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), que incluye:
o Seguro de salud (a través de las ARS)
o Seguro de pensiones
o Riesgos laborales
En busca de justicia, Alejandro acudió a la DIDA, entidad encargada de defender los derechos de los afiliados. Presentó su contrato, documentos migratorios y prueba de su vínculo laboral. Dos meses después, recibió las constancias oficiales que confirman que nunca fue afiliado al SDSS, a pesar de que se le descontaba mensualmente de su salario.
Ahora tiene en sus manos los documentos necesarios para iniciar una demanda legal por daños y perjuicios, además de exigir la restitución de sus aportes. Pero enfrenta una decisión difícil: iniciar un proceso judicial largo, costoso y emocionalmente desgastante, o resignarse a perder parte de lo que legalmente le corresponde.
Una cultura de miedo y silencio
Casos como el de Alejandro reflejan un patrón preocupante. Muchos trabajadores, dominicanos y extranjeros legales, temen denunciar a sus empleadores por miedo a represalias o a quedar marcados en el círculo profesional. La inseguridad jurídica, sumada a la lentitud de los procesos legales, desalienta a los afectados a luchar por sus derechos.
“Es injusto. Sientes que lo pierdes todo por confiar en que las cosas se estaban haciendo bien”, expresa Alejandro.
Mientras tanto, empresas, incluso grandes grupos empresariales, siguen eludiendo sus responsabilidades sin mayores consecuencias. La falta de fiscalización efectiva permite que estas prácticas continúen, dejando a cientos de trabajadores fuera del sistema de seguridad social, sin cobertura de pensiones ni seguro de riesgos laborales.
Una ley clara, pero con vacíos en la ejecución
El Código de Trabajo dominicano y la Ley de Seguridad Social no dejan espacio para interpretaciones ambiguas. Las empresas están obligadas a afiliar a sus trabajadores desde el primer pago de cotización, con cédula, pasaporte o carnet de residencia. Y si no lo hacen, se enfrentan a sanciones, siempre que el trabajador denuncie el caso y proceda legalmente.
Sin embargo, en la práctica, muchas empresas optan por ignorar estas normas. Los motivos varían: desde la evasión de pagos patronales hasta la discriminación, el desconocimiento o simples fallas administrativas. Lo cierto es que el costo lo paga el trabajador.
¿Qué se puede hacer?
Abogados y expertos en derecho laboral consultados por este medio, coinciden en que el Estado debe fortalecer los mecanismos de control. Las instituciones como la Dirección de Información y Defensa de los Asegurados (DIDA) y la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) juegan un papel clave, pero necesitan más recursos, apoyo político y coordinación interinstitucional para actuar con mayor eficacia.
Abogados recomiendan a los trabajadores dominicanos y extranjeros legales verificar su afiliación desde el primer mes de trabajo.
Solicitar constancia escrita de sus aportes a la TSS.
Guardar copias de contratos, recibos de pago y comunicaciones.
Denunciar irregularidades ante la DIDA o SIPEN.
Buscar asesoría legal independiente.
Un sistema que debe proteger a todos
Alejandro está ahora en un punto de inflexión: emprender un proceso legal para recuperar sus derechos o aceptar la pérdida como parte del precio de ser extranjero en un sistema que aún no garantiza igualdad de trato. Mientras tanto, su caso debería encender las alarmas y promover una discusión seria sobre la responsabilidad empresarial, la protección de los derechos laborales y la equidad en la aplicación de la ley.
Porque si un alto ejecutivo extranjero legal puede ser invisibilizado por el sistema, ¿qué queda para los trabajadores con menos recursos, menor visibilidad o menor capacidad de defensa?
Trabajadores nacionales y extranjeros legales se ven afectados porque en su rol de pagos se les descontó ese dinero de su salario, sin embargo, ahora están en el limbo ya que aportaron y no pueden utilizar los beneficios de su AFP.
“No se trata solo de mí. Esto le puede pasar a cualquiera. Y mientras sigamos callando, seguirá pasando”, Alejandro.
Panorama.
