Denuncian retroceso democrático con nueva ley de transparencia de Puerto Rico
La reciente aprobación del Proyecto del Senado 63 (PS-63) por parte de la cámara alta de Puerto Rico ha generado una ola de críticas por parte de organizaciones periodísticas, jurídicas y de la sociedad civil, quienes denuncian que la medida restringe el derecho constitucional de acceso a la información pública.
El proyecto, impulsado por el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, del Partido Nuevo Progresista (PNP), propone modificaciones sustanciales a la Ley 141-2019, conocida como la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública.
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es la extensión del plazo de respuesta de las entidades públicas, que se incrementa de 20 a 40 días hábiles, dificultando el acceso oportuno a la información. Asimismo, se suprime la exigencia de proporcionar datos en formatos abiertos, como Excel o CSV, lo que restringe las posibilidades de análisis y reutilización de la información
Asimismo, la normativa concede a los directores de entidades gubernamentales el poder de determinar qué información puede ser divulgada, establece obstáculos administrativos adicionales que complican el acceso a documentos oficiales, y limita los instrumentos de control, de acuerdo con las denuncias formuladas por diversos sectores críticos a la medida.
La medida fue aprobada por el Senado y con ella«el pueblo se queda sin los derechos democráticos por los que tanto ha luchado«, expresó Nydia Bauzá, presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro), quien también destacó el historial de lucha de la organización contra la imposición de normas que obstaculizan el acceso a la información.
Entre las entidades que han manifestado su rechazo al PS-63 se encuentran Asppro, el Overseas Press Club (OPC), Sembrando Sentido, Kilómetro Cero, la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda, Ayuda Legal Puerto Rico, el Centro de Periodismo Investigativo, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), entre otras.
La organización Casa Pueblo también se pronunció en contra del proyecto, señalando que la opinión, la crítica, la rendición de cuentas y el ejercicio del periodismo están siendo fracturados por esta iniciativa legislativa, especialmente en momentos de crisis como los que atraviesa el país.
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