Jueza declara ilegal el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Trump en Portland
Una jueza federal de Oregon dictaminó este viernes que el gobierno de Donald Trump no cumplió con los requisitos legales para desplegar la Guardia Nacional en Portland, después de que la ciudad y el estado presentaran una demanda en septiembre para bloquear esta medida.
El fallo supone un duro revés legal para la estrategia del presidente republicano, ya que es el primero en bloquear permanentemente el uso de la fuerza militar para sofocar las protestas contra las redadas migratorias.
El fallo de la jueza de distrito Karin Immergut, designada por el propio Trump, se conoció tras un juicio en el que ambas partes argumentaron sobre si las protestas frente al edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de la ciudad ameritaban o no el uso de las Fuerzas Armadas en territorio nacional y si cumplía las condiciones para su despliegue, según la ley federal.
El gobierno afirmó que las tropas eran necesarias para proteger al personal y la propiedad federales en una ciudad que Trump describió como «devastada por la guerra» con «incendios por todas partes».
En una opinión de 106 páginas, Immergut concluyó que, si bien el presidente tiene derecho a una «gran deferencia» en su decisión de movilizar o no a la Guardia Nacional, no tenía fundamento legal para hacerlo, ya que no demostró la existencia de una rebelión o peligro de rebelión, ni que no se pudiera hacer cumplir la ley con las fuerzas regulares.
“El expediente del juicio demostró que, si bien las protestas frente al edificio de ICE en Portland ocurrieron todas las noches entre junio y octubre de 2025, desde algunos días particularmente violentos a mediados de junio, las protestas se han mantenido pacíficas, con solo incidentes aislados y esporádicos de violencia”, escribió la magistrada.
La interferencia ocasional con los agentes federales ha sido mínima, y no hay evidencia de que estas protestas a pequeña escala hayan impedido significativamente la aplicación de ninguna ley de inmigración”, agregó.
El gobierno de Trump criticó el fallo de la jueza sobre la Guardia Nacional en Portland
“Los hechos no han cambiado. En medio de los continuos disturbios violentos y la anarquía, que los líderes locales se han negado a sofocar, el presidente Trump ha ejercido su autoridad legal para proteger a los agentes y bienes federales», dijo Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, tras conocerse el fallo.
«El presidente Trump no hará la vista gorda ante la anarquía que azota a las ciudades estadounidenses y esperamos que un tribunal superior nos dé la razón”, agregó, sugiriendo así que recurrirán a otras instancias judiciales.
“Los tribunales están exigiendo a este gobierno que rinda cuentas ante la verdad y el Estado de derecho”, dijo por su parte el fiscal general de Oregón, Dan Rayfield.
Desde el principio, este caso se ha centrado en garantizar que los hechos, y no los caprichos políticos, guíen la aplicación de la ley. La decisión de hoy protege ese principio», afirmó.
Las ciudades demócratas que Trump ha señalado para llevar a cabo su intervención militar —incluida Chicago, que ha presentado una demanda aparte sobre el tema— han protestado por su decisión.
Argumentan que el presidente no ha cumplido con los requisitos legales para el despliegue de tropas y que hacerlo violaría la soberanía de los estados.
Immergut ya emitió dos órdenes a principios de octubre que bloquearon el despliegue de tropas previo al juicio.
La primera orden impidió a Trump enviar 200 miembros de la Guardia Nacional de Oregon; la segunda, emitida un día después, le impidió desplegar miembros de la Guardia Nacional de cualquier estado en Oregon, después de que intentara evadir la primera orden enviando tropas de California.
Immergut ha calificado las descripciones apocalípticas de Trump sobre Portland como «simplemente desconectadas de la realidad».
Las manifestaciones frente al edificio de ICE en Portland fueron el motivo esgrimido por Trump para desplegar tropas
Durante el juicio, se interrogó a testigos, entre ellos policías locales y funcionarios federales, sobre la respuesta de las autoridades a las protestas nocturnas frente al edificio del ICE de Portland.
Las manifestaciones alcanzaron su punto álgido en junio, cuando la policía local declaró una de ellas como disturbio. En las semanas previas al anuncio del despliegue de la Guardia Nacional por parte de Trump, las manifestaciones solían congregar a unas dos docenas de personas.
El gobierno federal afirmó que ha tenido que movilizar agentes federales de otras partes del país para responder a las protestas de Portland, que ha calificado de «rebelión» o «peligro de rebelión».
Funcionarios federales que trabajan en la región testificaron sobre la escasez de personal y las solicitudes de refuerzos que aún no se han atendido.
Entre ellos se encontraba un funcionario del Servicio Federal de Protección, la agencia del Departamento de Seguridad Nacional encargada de la seguridad en los edificios federales, a quien el juez permitió jurar como testigo bajo sus iniciales, R.C., por motivos de seguridad.
R.C., quien afirmó ser una de las personas con mayor conocimiento sobre la seguridad en el edificio del ICE en Portland, testificó que el despliegue de tropas aliviaría la carga del personal.
Sin embargo, durante el contrainterrogatorio, reconoció que no había solicitado las tropas y que ni la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ni Trump lo habían consultado al respecto. También manifestó su sorpresa al enterarse del despliegue y que no compartía las declaraciones sobre un posible incendio en Portland.
Los abogados de la ciudad de Portland y el estado de Oregon afirmaron que la policía municipal ha tenido capacidad para responder a las protestas.
ras declararse disturbios el 14 de junio, el departamento de policía modificó su estrategia, ordenando a los agentes intervenir solo en casos de delitos contra las personas y la propiedad. Desde finales de ese mes, la afluencia de manifestantes ha disminuido considerablemente, según testificaron funcionarios policiales.
El edificio de ICE permaneció cerrado durante tres semanas en verano debido a daños materiales, según consta en documentos judiciales y testimonios.
La directora de la oficina regional de Operaciones de Control y Expulsión de ICE, Cammilla Wamsley, declaró que sus empleados trabajaron desde otro edificio durante ese periodo. Los demandantes argumentaron que esto demostraba que pudieron continuar con sus funciones laborales.
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