Guatemala pone en marcha Ley Antipandillas y declara terroristas a bandas criminales
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, dio a conocer este lunes la entrada en vigor de la nueva Ley Antipandillas, una normativa que refuerza la lucha contra los grupos criminales Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), los cuales fueron declarados oficialmente organizaciones transnacionales y terroristas.
Durante su conferencia de prensa semanal, Arévalo aseveró «Con esta nueva ley tenemos en nuestras manos una herramienta que nos permitirá actuar con mayor fuerza contra estos criminales. Estamos trabajando arduamente para garantizar la paz y tranquilidad de las familias guatemaltecas”.
La legislación, denominada Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas Denominados Maras o Pandillas, fue aprobada tras la fuga de 20 cabecillas del Barrio 18 ocurrida en octubre, hecho que generó gran preocupación en el país.
El mandatario subrayó que durante años las pandillas “han sembrado miedo, destruido comunidades” y truncado los sueños de generaciones enteras, por lo que consideró urgente una respuesta más firme del Estado.
Por su parte, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó que la nueva normativa define un marco integral de acción frente a las pandillas, con el propósito de reforzar las capacidades operativas y judiciales del Estado y garantizar la protección de la vida y la seguridad ciudadana.
Con la entrada en vigor del Decreto 11-2025, el Estado eleva las penas para una serie de delitos cometidos por grupos pandilleros que incluyen la extorsión, el sicariato, la trata de personas y el reclutamiento de menores.
Asimismo, la norma autoriza la inmovilización de cuentas bancarias, prohíbe beneficios procesales para delitos graves y restringe el uso de dinero y celulares dentro de los centros penitenciarios.
También dispone la construcción de cárceles de máxima seguridad exclusivas para pandilleros en un plazo de un año, y habilita de manera temporal su traslado a prisiones en el extranjero.
El ministro de Gobernación destacó que la política de seguridad del gobierno “se ejerce con firmeza, pero dentro de la legalidad y el respeto al debido proceso” y reafirmó que el combate al crimen organizado debe mantenerse bajo control democrático.
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