Red de Abogados reclama protección a los límites del Parque Jaragua
La Red de Abogados Inmobiliarios (ABOGAIN) depositará una instancia formal ante el Tribunal Constitucional (TC) para exigir la revocación inmediata de la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que favorece a la empresa Inversiones del Sur.
Esta acción legal busca frenar la mutilación del Parque Nacional Jaragua, advirtiendo que validar el reclamo de propiedad sobre más de 12 millones de metros cuadrados sentaría un precedente funesto que supedita el interés público y ambiental a ambiciones comerciales.
El conflicto surge de una contradicción normativa que data del año 2004. Mientras la Ley Sectorial de Áreas Protegidas (202-04) blindaba el ecosistema del Parque Jaragua, apenas dos meses después, la Ley 266-04, promulgada en los finales del gobierno de Hipólito Mejía, redefinió los límites para crear un polo turístico en la región suroeste.
El presidente y el secretario general de la Red, José Thomas y Nelson Vásquez Merejo, respectivamente, declararon que, bajo este amparo legal, Inversiones del Sur reclama derechos sobre 12, 577,201.82 metros cuadrados, incluyendo la totalidad del litoral marino y áreas críticas de Bahía de las Águilas.
La Red de Abogados Inmobiliarios argumenta que la sentencia del TSA, al ordenar al Ministerio de Medio Ambiente modificar el Catastro Nacional de Áreas Protegidas, viola el principio de progresividad de los derechos ambientales y pone en riesgo la soberanía ecológica del país.
La Red hace especial énfasis en la genealogía de estos títulos. El gerente de la empresa reclamante, Ricardo Alfredo Gadala-María Nasser, es sucesor de Elías Gadala-María, figura vinculada históricamente a la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo.
Para la Red de Abogados Inmobiliarios, permitir la «explotación comercial» de esta franja marítima mediante la exclusión de terrenos del parque nacional es un acto de regresión constitucional.
El derecho a un medio ambiente sano prima sobre intereses económicos particulares basados en leyes de coyuntura política, agrega la Red.
Al referirse a la seguridad jurídica, advierte que la modificación de límites de un parque nacional por vía administrativa, y no por un consenso científico y legislativo estricto, debilita el sistema de áreas protegidas.
Sostiene que la intención manifiesta de la empresa de «ofrecer libremente en el comercio» estos inmuebles despojaría a los dominicanos de uno de sus activos naturales más valiosos.
“La Red de Abogados Inmobiliarios se mantendrá en vigilia permanente hasta que el Tribunal Constitucional emita un fallo que restablezca la integridad territorial del Parque Nacional Jaragua”, concluyó la entidad.
LD
