Cuba denuncia tres décadas de la Ley Helms-Burton y su carácter extraterritorial
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó como un ”engendro” la Ley Helms-Burton al cumplirse 30 años de su firma. El mandatario denunció que esta normativa norteamericana ”va contra todas las leyes” al pretender legislar sobre el destino de otra nación.
A través de sus redes sociales, el jefe de Estado cuestionó con qué derecho se impone tal medida, enfatizando que Cuba se rige exclusivamente por su Constitución y sus propias leyes, rechazando de esta manera cualquier intento de subordinación externa.
Por su parte, el canciller de la mayor de las Antillas, Bruno Rodríguez, denunció que estas tres décadas representan la codificación de la asfixia y la guerra económica contra el pueblo cubano. El titular de Relaciones Exteriores señaló que la norma viola las normas más elementales del comercio internacional al intimidar a quienes invierten en la isla. ”Es muestra del carácter extraterritorial de un bloqueo, que cada día provoca más daño a la población cubana”, puntualizó Rodríguez.
Oficialmente denominada Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana de 1996, la norma debe su nombre al senador Jesse Helms (Carolina del Norte) y al representante Dan Burton (Indiana), ambos republicanos. Con el respaldo de grupos anticubanos en Florida, los legisladores diseñaron una norma que llevaba el bloqueo más allá de las fronteras estadounidenses.
La normativa, rubricada por el entonces presidente Bill Clinton el 12 de marzo de 1996, tras haberse hecho público su contenido desde principios de ese mes, codificó las sanciones en ley federal y establece que el presidente de Estados Unidos no puede levantarlas unilateralmente.
Entre sus disposiciones destaca el Título III, un apartado que faculta a ciudadanos estadounidenses —incluyendo a cubanos emigrados tras el triunfo de la Revolución— para interponer demandas en tribunales de Estados Unidos contra compañías extranjeras que realicen operaciones comerciales con propiedades nacionalizadas a partir de 1959, bajo el concepto de supuesto ”tráfico” de bienes.
Por años, la aplicación del Título III se mantuvo suspendido debido a las presiones de la Unión Europea y otros socios comerciales de Washington, quienes rechazaban la naturaleza extraterritorial de la legislación.
Esta resistencia derivó en un acuerdo de entendimiento alcanzado en 1997 entre Estados Unidos y Bruselas, el cual protegía a las corporaciones europeas de posibles sanciones, a cambio de que la Unión Europea restringiera de forma ”voluntaria” sus niveles de inversión en Cuba.
No obstante, durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021), se activó el Título III y la Administración incluyó a Cuba en la lista unilateral de Estados que supuestamente patrocinan el terrorismo.
Con el retorno de Donald Trump a la presidencia en 2025, la política de presión se ha recrudecido, intensificando el cerco económico, financiero y comercial contra la nación antillana. Si bien este asedio no se originó con la Ley Helms-Burton, sino que fue instaurado oficialmente en 1962 mediante la Orden Ejecutiva 3447 firmada por el presidente John F. Kennedy, la legislación de 1996 marcó un punto de giro en la hostilidad de Washington al involucrar a terceros países y restringir las oportunidades de desarrollo económico de la isla.
Impacto social y resistencia frente a la normativa
La Ley Helms-Burton mantiene una vigencia que se ha intensificado recientemente, golpeando de manera directa la cotidianidad de la población. Al obstaculizar y desincentivar la inversión extranjera en sectores estratégicos, esta legislación agudiza las carencias en el transporte, la generación de energía eléctrica, la producción industrial y agrícola, las comunicaciones, y los sistemas públicos de salud y educación.
En el escenario actual, este cerco económico se ha endurecido mediante acciones extremas, destacando la interrupción de los suministros de hidrocarburos, necesarios para satisfacer las necesidades humanas y la operatividad nacional.
El 29 de enero, Trump, firmó un orden ejecutiva que faculta a Washignton para imponer sanciones a los bienes procedentes de países que suministren petróleo a Cuba. Dicha medida provocó una severa escasez de combustible en la isla y agravó el impacto de un bloqueo que se mantiene desde hace más de 60 años.
Esa ofensiva desde la Casa Blanca enfrenta el rechazo de diversos líderes y organizaciones globales, pero el aislamiento de Washington no es reciente. La comunidad internacional ha mantenido una condena sistemática contra el bloqueo en el seno de las Naciones Unidas, donde cada año exigen el fin de la política unilateral estadounidense contra Cuba.
Sin embargo, Estados Unidos persiste en su estrategia de presión; ante ello, el Gobierno cubano reafirma que su pueblo no reconoce normas dictadas desde el exterior ni renunciará a su derecho inalienable de decidir su propio destino.
TELESUR
