California demanda a Trump por autorizar reactivación de oleoductos regulados
El estado de California presentó una demanda este lunes contra el Gobierno del presidente Donald Trump para impugnar una orden federal que autoriza la reactivación de dos oleoductos, el CA-324 y CA-32, sin cumplir con las regulaciones ambientales estatales vigentes desde un grave derrame en 2015.
La medida, emitida por el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, permite a la compañía Sable Offshore Corp. reanudar operaciones en el sistema Las Flores, invocando la Ley de Producción de Defensa para eludir normas estatales y priorizar la producción de petróleo en medio de tensiones globales por la guerra con Irán.
El fiscal general de California, Rob Bonta, argumentó en la demanda que Wright “carece de autoridad” para eximir a la empresa del cumplimiento de leyes estatales, federales y órdenes judiciales derivadas del derrame de Refugio Beach en mayo de 2015, cuando el oleoducto CA-324 liberó cientos de miles de galones de crudo cerca de Santa Bárbara, causando el peor desastre ecológico en la costa californiana en 25 años.
«California ha presenciado de primera mano los devastadores impactos ambientales y para la salud pública que provocan las rupturas de estos oleoductos, y existen requisitos legales impuestos por los tribunales para garantizar que no vuelva a suceder. Pero en lugar de acatar la ley, la administración Trump y una Sable cada vez más desesperada intentan pisotear la autoridad estatal y la independencia judicial, todo para que Sable pueda obtener beneficios», expresó Bonta en su denuncia.
Bonta acusó a la Casa Blanca y a Sable de actuar de forma “desesperada” para “pasar por alto la autoridad del estado y la independencia judicial solo en busca de ganancias corporativas”. Mientras, Chris Wrigth expresó su respaldo a la medida de Trump alegando que el objetivo del presidente «desde el primer día fue deshacerse de las tonterías y restaurar el sentido común».
El derrame contaminó aguas costeras, enfermó a residentes por humos tóxicos, dañó fauna marina y obligó al cierre prolongado de playas. Desde entonces, el oleoducto CA-324 opera bajo un acuerdo judicial que exige inspecciones rigurosas y estándares de seguridad reforzados.
En contraste, Wright afirmó que su orden del 13 de marzo fortalece el suministro energético nacional y asegura combustible para instalaciones militares en la Costa Oeste, vinculándolo a la seguridad y defensa nacional. Tras el anuncio, las acciones de Sable Offshore subieron casi un 10 por ciento.
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