Trump propone presupuesto militar récord de 1.5 billones financiado con recortes sociales
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este viernes una propuesta presupuestaria para el año fiscal 2027 que contempla un gasto militar récord de 1.5 billones de dólares en defensa, un incremento de 40% en las partidas para ese sector, financiado directamente a través del recorte sistemático de programas sociales y agencias federales.
Este impulso al Pentágono ocurre cuando ya pasa de un mes la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, que ha provocado alzas en los mercados petroleros y el consiguiente encarecimiento de muchos productos de la canasta básica, la gasolina y la energía a nivel internacional, incluido el propio Estados Unidos.
«Estamos luchando guerras; no podemos encargarnos de la guardería, Medicaid o Medicare», afirmó Trump antes en la Casa Blanca, deslindando la responsabilidad federalsobre los servicios públicos básicos y el gasto social.
La hoja de ruta enviada al Congreso por la Administración plantea una reducción de un 10% en todo el gasto no destinado a defensa, incluidos programas sociales y ayudas. Entre los sectores más afectados destacan la Agencia de Protección Ambiental (EPA), que perdería un 52% de sus fondos. Además, el Departamento de Agricultura sufriría un recorte de 19%; el de Comercio, un 12.2% y la NASA un 23%.
Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, confirmó que el plan busca garantizar «el ejército más poderoso del mundo» en un «mundo peligroso». Vought destacó la eliminación de agencias calificadas por la Administración como ineficientes, incluida la polémica Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), lo que representa un ahorro proyectado de dos billones de dólares.
El gasto militar de Trump y su golpe a educación y salud
El presupuesto profundiza el desmantelamiento de la red de protección social. El Departamento de Educación, organismo que Trump ha prometido eliminar, enfrentaría una nueva reducción del 2.9%.Estas medidas se suman a los recortes ya ejecutados en coberturas de salud, cupones de alimentos y ayuda exterior por la Administración republicana.
La propuesta, que requiere la aprobación de la Cámara de Representantes y el Senado, expresa el objetivo de la Casa Blanca: priorizar la maquinaria bélica en el extranjero, con cuantiosos beneficios para las compañías que producen armas y equipamiento militar, mientras se reducen los recursos destinados a sectores que no considera prioritarios para su agenda política.
Prioridades de la Administración Trump
El Ejecutivo estadounidense prioriza el fortalecimiento de la maquinaria de deportación y el sistema carcelario migratorio. La propuesta contempla mantener los fondos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para expandir los centros de detención, con una capacidad proyectada de 100.000 camas para adultos y 30.000 para familias, eliminando en el proceso programas de apoyo al reasentamiento de refugiados.
En materia de seguridad y justicia, se plantea un aumento de 13% en el presupuesto del Departamento de Justicia para combatir lo que la Casa Blanca califica como delitos de migrantes. Paralelamente, el plan destina 10.000 millones de dólares al Servicio de Parques Nacionales para obras de embellecimiento en Washington D.C. y un incremento de 481 millones para la contratación de controladores aéreos.
La Administración busca desmantelar la política ambiental y social previa mediante la cancelación de 15.000 millones de dólares de la Ley de Infraestructura de la era Biden. Esto afecta directamente a los proyectos de energía verde y a las subvenciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), bajo el argumento de eliminar programas que la Casa Blanca etiqueta como «woke» (una palabra que aparece 34 veces en el documento) o de «ideología radical».
El presupuesto arremete contra los servicios básicos con recortes del 13% en vivienda y de 12% en salud y servicios humanos, eliminando la asistencia para calefacción a personas de bajos ingresos. Asimismo, se propone el recorte de 106 millones de dólares en investigación de salud y la eliminación de subvenciones para servicios comunitarios, alegando que estos fondos han sido secuestrados por radicales.
Los líderes republicanos de los Comités de Servicios Armados del Congreso respaldaron la solicitud de Trump, bajo el argumento de que el financiamiento mantendrá la superioridad tecnológica militar frente a China, Rusia e Irán, justificando así la expansión del gasto bélico y el recorte social.
Por el contrario, el ala demócrata en el Comité de Presupuestos denunció la desproporción de la medida. El representante Brendan Boyle criticó que el Ejecutivo exija un aumento masivo para la guerra mientras recorta miles de millones de dólares en servicios esenciales. El legislador calificó la propuesta como «Estados Unidos de último» (America Last), en una crítica directa al lema oficialista «Estados Unidos primero».
La confrontación parlamentaria anticipa un debate complejo en el Senado y la Cámara de Representantes. Mientras los republicanos que apoyan a Trump defienden la militarización como garantía de seguridad nacional, la oposición señala que el presupuesto abandona las necesidades domésticas de salud y viviendapara financiar un conflicto externo que no ofrece una resolución cercana.
Crisis fiscal y deuda
Estados Unidos registra déficits anuales de dos billones de dólares y una deuda superior a los39 billones. Dos tercios del presupuesto federal financian seguridad social, Medicare y Medicaid, programas en expansión constante por el envejecimiento poblacional.
La Casa Blanca sorteará la resistencia legislativa dividiendo el financiamiento. Solicita 1.1 billones de dólares mediante el proceso regular de asignaciones y 350.000 millones vía«conciliación presupuestaria». Este último mecanismo permite la aprobación con mayoría simple republicana, evitando depender del consenso bipartidista.
La maniobra profundiza la ley de exenciones fiscales del año pasado, que otorgó 150.000 millones al Pentágono y 170.000 millones a Seguridad Nacional. El Ejecutivo de Trump consolida su agenda bélica y migratoria, deteriorando aún más la relación entre gasto de defensa e inversión doméstica.
Bloqueo en el Congreso
El presupuesto 2027 llega mientras la Cámara y el Senado continúan estancados por el gasto del año en curso. Los demócratas exigen cambios en el régimen migratorio de Trump, mientras los republicanos rechazan cualquier modificación a las políticas de deportación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, inglés). En el marco de un cierre parcial del gobierno que alcanza los 49 días, Trump anunció una orden ejecutiva para pagar a los trabajadores del DHS afectados.
La senadora Patty Murray calificó la propuesta como «moralmente en bancarrota». Murray criticó la prioridad del mandatario en proyectos de renovación estética, como el de un ala de la Casa Blanca, frente a la crisis de vivienda. Pese a los intentos del Ejecutivo por recortar una quinta parte del gasto social, el Congreso ha mantenido dichas partidas relativamente estables hasta el momento.
Tras superar el primer mes de la guerra contra Irán, la Administración Trump reafirma su apuesta por la escalada bélica al proponer un incremento presupuestario sin precedentes.
El plan consolida el desplazamiento de los recursos públicos desde el bienestar social hacia la maquinaria de guerra, estableciendo una economía militarista que condiciona la estabilidad doméstica de Estados Unidos, intensifica el desmantelamiento de las agencias federales, profundiza la brecha política con un Congreso estancado y una población civil que enfrenta el recorte de sus derechos básicos.
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