Alarmante: Casi duplicados los feminicidios en 2026

Los feminicidios íntimos aumentaron un 74 % en la República Dominicana durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior, al registrarse 47 casos frente a los 27 reportados en 2025.

La cifra fue ofrecida por la Fundación Vida Sin Violencia, entidad que urgió al Poder Ejecutivo a garantizar la protección integral de 68 menores de edad que quedaron en la orfandad a causa de estos crímenes.

Diferencia entre íntimos y feminicidio general

Dentro del análisis criminológico, los especialistas diferencian el feminicidio íntimo del no íntimo por el vínculo existente entre la víctima y el victimario. Mientras el feminicidio íntimo corresponde exclusivamente a los asesinatos perpetrados por esposos, novios, convivientes o exparejas sentimentales con quienes existía una relación afectiva o de confianza, el feminicidio no íntimo abarca los crímenes cometidos por conocidos casuales, clientes, jefes o desconocidos, motivados por la misoginia, la agresión sexual o el contexto de redes de delincuencia organizada.

Las armas preferidas por los criminales feminicidas

Durante una rueda de prensa, la presidenta de la organización, Yanira Fondeur, detalló que el 80 % de las víctimas (38 mujeres) fueron asesinadas en sus propios hogares y el 70 % (33 mujeres) tenía menos de 35 años.

El balance sociodemográfico de los primeros seis meses del año incluye a tres menores de edad, tres mujeres embarazadas y tres de nacionalidad haitiana. Respecto a los agresores, cuatro pertenecían a los cuerpos castrenses y policiales (dos policías y dos militares), mientras que 11 se suicidaron tras cometer el hecho.

Las armas de fuego y las armas blancas fueron los métodos más utilizados, con 19 casos cada uno, seguidos por golpes y quemaduras.

Santo Domingo encabeza lista de sangre

A nivel geográfico, la provincia de Santo Domingo registró la mayor incidencia con 13 casos, seguida por el Distrito Nacional con 7 y La Altagracia con 5, siendo mayo el mes con el mayor número de homicidios reportados. Según los registros de la fundación, desde el año 2020 a la fecha se contabilizan 511 feminicidios íntimos en el país, lo que representa un promedio de 79 asesinatos anuales y un acumulado de 473 menores huérfanos en los últimos seis años.

Propuesta de reformas estatales

Ante el incremento de los indicadores, la institución presentó una propuesta de ocho medidas dirigidas a los distintos poderes del Estado para modificar la política pública de prevención.

Entre las principales acciones requeridas a las autoridades se encuentra la adopción de mecanismos efectivos e inmediatos que garanticen la vida de las mujeres que formalizan denuncias de violencia, así como la solicitud al Ministerio de Educación para que incluya en el currículo escolar asignaturas de igualdad de derechos, valores y manejo de conflictos.

Asimismo, la entidad demandó al Congreso Nacional actualizar el marco legal de la violencia contra las mujeres, debido a que la Ley 24-97 data de hace 29 años, y exigió la puesta en marcha de campañas educativas a nivel nacional que promuevan una masculinidad respetuosa, empática y solidaria. El plan de la fundación también estipula la sensibilización y capacitación obligatoria en materia de violencia de género para los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Piden protección para niños huérfanos

La propuesta urge la creación e implementación de un Registro Nacional de los huérfanos por feminicidios que garantice su protección psicológica, económica y legal, y concluye con el pedido de conformar una Mesa Nacional de Prevención del Feminicidio integrada por todos los actores del sistema, la cual deberá reunirse mensualmente para determinar metas verificables.

La entidad civil enfatizó que la ausencia de una política de Estado coordinada para los sobrevivientes de la violencia de género agrava el trauma psicológico y la vulnerabilidad socioeconómica de los menores de edad.

De acuerdo con los datos presentados, la desatención del aparato gubernamental condena a cientos de huérfanos a la deserción escolar, la precariedad habitacional y la falta de un debido acompañamiento legal para tramitar custodias y pensiones alimenticias.

Para viabilizar este rescate social, la institución exigió la unificación de los registros fragmentados que poseen la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y el Ministerio de la Mujer.

EC

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