ANPA exige a Agricultura asumir culpa y cuantificar pérdidas del mango tras el veto de EE.UU.

La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) atribuyó directamente al Ministerio de Agricultura la responsabilidad por la prohibición impuesta por Estados Unidos a las exportaciones de mango dominicano.

Según el gremio, la medida evidencia fallas graves en la vigilancia fitosanitaria estatal y asesta un duro golpe a miles de familias, a la economía del sector y a la reputación exportadora del país.

El presidente de la ANPA, Tito Hernández, rechazó que las autoridades intenten minimizar la situación. Recordó que la decisión afecta a una industria en expansión compuesta por más de 2,100 productores y unas 150,000 tareas sembradas.

«El mango es un símbolo de nuestra identidad agrícola en los mercados internacionales. Esta industria venía creciendo por el esfuerzo de productores y técnicos, pero ahora recibe un golpe fulminante por la incapacidad del Ministerio de Agricultura para garantizar controles fitosanitarios eficientes», afirmó el dirigente gremial.

Pérdida de credibilidad y daño en cadena

«Cuando Estados Unidos prohíbe un producto dominicano, no solo se pierden ventas; se destruye la confianza de los compradores internacionales y se compromete la credibilidad de toda nuestra oferta exportable», advirtió.

El presidente de la ANPA detalló que las consecuencias inmediatas serán la cancelación masiva de pedidos, la sobreoferta de fruta en el país, el desplome de los precios locales y pérdidas millonarias que afectarán no solo a los dueños de fincas, sino también a empacadoras, transportistas y jornaleros agrícolas.

La ANPA tildó de irresponsable la actitud oficial de aminorar la gravedad del caso y exigió al Ministerio de Agricultura transparentar las causas reales que provocaron el veto, establecer responsabilidades internas y presentar de inmediato un plan para recuperar el mercado estadounidense.

Finalmente, Hernández sostuvo que este episodio confirma las constantes denuncias del gremio sobre el debilitamiento de los servicios técnicos del Estado.

LD

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