Pedro Alliana jura como presidente de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña
Pedro Alliana, hasta hoy vicepresidente, juró este viernes ante el Congreso como nuevo presidente de Paraguay, minutos después de la destitución de Santiago Peña en un juicio político. El proceso se produjo en medio de la crisis social desatada por el cierre de Ueno Bank, entidad vinculada al mandatario saliente.
Durante su discurso, el jefe de Estado entrante prometió que los afectados por el “descalabro financiero” derivado del cierre de la entidad financiera “serán compensados plenamente”. Con su posesión, Alliana buscará completar el actual periodo de Gobierno, previsto hasta agosto de 2028.
Desde la oposición exigen que también sea sometido a juicio político por blindaje político y omisión, entre otras acusaciones. Por el momento, la Cámara de Diputados rechazó el jueves la propuesta de abrir un juicio político contra Alliana, lo que despejó su camino como sucesor de Peña.
El cambio de mando se activó después de que Santiago Peña fuera declarado culpable, en ausencia, en un juicio político por sus vínculos con Ueno. El Senado votó la destitución con 44 votos a favor.
Poco después de la destitución, y en el marco de la causa «Santiago Peña s/ lesión de confianza y otros», la Fiscalía ordenó la detención inmediata del expresidente. Fiscales de delitos económicos y anticorrupción y una agente de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos emitieron la orden de captura y detención por presunta lesión de confianza y otros hechos punibles en el escándalo financiero de Ueno Bank.
Durante la gestión de Peña, la entidad recibió millonarios fondos de instituciones estatales. Unos 1.200 millones de dólares «del pueblo paraguayo» se perdieron con el cierre de Ueno Bank, denunciaron este viernes los acusadores en el juicio político contra el presidente Santiago Peña, a quien calificaron como «el desfalcador más grande de la historia» del país.
Peña «creó un agujero de 1.200 millones de dólares al pueblo paraguayo» y «tres millones de perjudicados en un solo día», dijo la diputada Rocío Vallejo durante la segunda sesión del juicio político, aludiendo a la intervención y el inicio de un procedimiento de resolución y liquidación de la entidad financiera, dispuesto por el Banco Central el 3 de noviembre.
Quién es Alliana
Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez tiene 52 años y cuatro hijos. Es político del Partido Colorado, con un pasado en el Partido Encuentro Nacional (PEN), y fue gobernador de Ñeembucú y presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR). Asume como el presidente número 52 de la historia del país y el 11 de la era democrática.
Hasta este viernes era vicepresidente, luego de acompañar a Peña como fórmula presidencial en las elecciones generales de 2023. Según medios paraguayos, responde al expresidente Horacio Cartes.
Antes de que estallara el caso Ueno, comunicó su decisión de desistir de su precandidatura presidencial para las elecciones internas del Partido Colorado, en el gobierno, en 2027 y las generales de 2028.
Su esposa, Fabiana María Souto, también tiene participación en la política paraguaya como diputada nacional suplente y forma parte de la Asociación Nacional Republicana (ANR). Anteriormente ocupó cargos públicos en Ñeembucú.
Montserrat Alliana, hija del ahora presidente y conocida como la “exnepobaby”, ocupó hasta el 23 de abril pasado el cargo de “Coordinadora de liquidación”, dependiente de la Dirección de Tesorería de la Cámara de Diputados, donde fueubicada sin concurso por el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.
El pedido de juicio político en su contra
Legisladores de la oposición y de la disidencia colorada impulsaron también un pedido de juicio político contra Alliana, en el marco de la crisis por la intervención de Ueno Bank.
Las acusaciones se centraron en tres puntos: intentar proteger políticamente al oficialismo y no actuar ni alertar a tiempo ante las irregularidades de la entidad; convalidar o no frenar inversiones de recursos previsionales del IPS y de fondos públicos en Ueno Bank, por montos millonarios, pese a las debilidades financieras que presentaba; acompañar cambios a leyes sobre conflictos de intereses y una presunta injerencia política en organismos de control.
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