Actualidad Juez de Ecuador negó acción a favor de 27.000 indígenas amazónicos afectados por un derrame petrolero

RT. El juez Jaime Oña, de la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Francisco de Orellana, en la región Amazónica de Ecuador, negó una acción de protección y medidas cautelares a favor de unos 27.000 indígenas de 105 comunidades kichwas, afectados por un derrame petrolero, ocurrido el pasado 7 de abril.

Según la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, que participó en la presentación del recurso para demandar al Estado y las compañías responsables del hecho —concretamente a la empresa pública Petroecuador, la privada Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y los ministerios de Energía, Ambiente y Salud Pública—, este derrame es «considerado uno de los peores en los últimos 15 años».

En la audiencia, Oña determinó que «es innegable que se produjo un derrame de crudo por la ruptura de los oleoductos», y que este afectó a las poblaciones que viven junto a los ríos Coca y Napo, pero consideró que no se ha logrado demostrar la vulneración en los alegatos presentados.

El juez sostuvo que «la acción planteada no cumple con lo que establece la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, porque la sola afirmación de que se está produciendo una violación a sus derechos no es suficiente elemento para el acceso a la vía constitucional».

Antes, las organizaciones de derechos humanos señalaron que en los poblados afectados, varias personas tuvieron diversos padecimientos de salud, algunos de ellos de carácter dérmico, especialmente niños, niñas, adolescentes y mujeres, por su contacto continuo con el agua.

Ruptura de los oleoductos

El pasado 7 de abril ocurrió el rompimiento de tramos del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), del OCP y del Poliducto Shushufindi-Quito, que transportan el petróleo y derivados desde la Amazonía a Esmeraldas, provincia de la Costa, al otro lado del país.

La ruptura fue en la localidad de San Rafael, en el límite de las provincias Sucumbíos y Napo, debido a un hundimiento de tierra, lo que originó el derrame que contaminó las cuencas de los ríos Coca y Napo.

La defensa de estas comunidades informaron que presentaron el recurso contra el Estado y estas empresas, al considerar que esas entidades estaban al tanto de que el derrame podría ocurrir y no hicieron nada para evitarlo y, una vez que ocurrió, no tomaron las medidas necesarias de reparación.

En el proceso judicial, los abogados del Estado y OCP alegaron que el derrame de petróleo fue un caso fortuito de fuerza mayor. No obstante, informó la Alianza por los Derechos Humanos, «sus propias pruebas demostraron que conocían el riesgo del derrame desde días atrás y que su respuesta fue tardía, insuficiente e inadecuada».

La defensa de los demandados también señaló que, una vez ocurrido el derrame, las entidades involucradas en el accidente dotaron de comida y agua suficiente a las comunidades afectadas, pero en paralelo incurrieron en amenazas y condicionamientos, puesto que les advirtieron a los pueblos originarios que no recibirían las raciones a menos que renunciaran a demandar por la afectación.

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