ADP propone reglamento y diálogo para regular videovigilancia en escuelas
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) propuso la creación de un reglamento nacional para regular la videovigilancia en los centros educativos, con la participación del Ministerio de Educación (MINERD), el gremio magisterial, los padres y la sociedad civil, con el fin de garantizar que cualquier medida de seguridad respete los derechos fundamentales de la comunidad educativa.
El gremio docente también sugirió conformar una mesa de diálogo que incluya al MINERD, la ADP, el Defensor del Pueblo, los padres y amigos de la escuela, UNICEF y otros sectores. Al mismo tiempo, recomendó establecer sanciones claras para el uso indebido de grabaciones o la instalación irregular de sistemas de videovigilancia.
En medio del debate público sobre la instalación de cámaras en los planteles escolares, la ADP aclaró que no se opone a la adopción de medidas de seguridad, siempre que estas no vulneren el derecho a la privacidad ni se utilicen para criminalizar a maestros o estudiantes. Enfatizó que estas medidas deben contar con una regulación nacional consultada con la comunidad educativa y emplearse de forma preventiva, no como herramientas de control laboral o disciplinario contra el profesorado.
“La seguridad en los centros educativos es una responsabilidad compartida. Sin embargo, la implementación de cámaras de vigilancia no puede imponerse de manera unilateral, sin regulación legal ni respeto a los derechos fundamentales de la comunidad educativa. La ADP se mantiene firme en su compromiso de defender un ambiente escolar seguro, pero también libre, respetuoso de la dignidad humana y de la intimidad de cada miembro de la escuela.”
«Cualquier instalación de cámaras debe mantener un equilibrio entre la necesidad de seguridad y el respeto al derecho a la intimidad de los estudiantes, docentes y personal», afirmó el sindicato en una nota de prensa.
La ADP destacó la importancia de considerar la jurisprudencia y las opiniones institucionales, como la sentencia TC/0096/19 del Tribunal Constitucional, que reconoce la necesidad de utilizar tecnología para prevenir la inseguridad, siempre dentro de límites que protejan el derecho a la intimidad. Asimismo, citó las posturas del Defensor del Pueblo y de la Procuraduría de Protección de la Niñez, quienes advierten que las políticas de videovigilancia deben centrarse en la protección de los menores, evitando su uso con fines punitivos.
El gremio recordó que instrumentos internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, el Convenio 108 del Consejo de Europa sobre protección de datos y las observaciones de la UNESCO y UNICEF, respaldan una regulación equilibrada que priorice el bienestar y la privacidad de los estudiantes.
En lo que respecta al consentimiento y la transparencia, la ADP indicó: “La instalación de cámaras debe ser informada y contar con el consentimiento de las familias, docentes y personal administrativo. Este consentimiento debe ser libre, informado y específico, de acuerdo con la Ley 172-13 sobre Protección de Datos de Carácter Personal”.
En cuanto a la necesidad y proporcionalidad de estas medidas, el sindicato señaló: “La medida debe estar justificada por un diagnóstico de riesgos objetivos. No puede implementarse de manera generalizada o indiscriminada. Debe realizarse un estudio previo de impacto legal y social, que incluya un análisis de los efectos psicológicos en estudiantes y docentes”.
En relación con el acceso y uso de las grabaciones, la ADP advirtió: “Las grabaciones deben estar protegidas, sin acceso público ni uso para fines ajenos a la seguridad. Solo las autoridades competentes, como la dirección del centro, la autoridad judicial o policial, la Fiscalía, o el MINERD con orden administrativa, pueden revisar las grabaciones. Las imágenes no pueden ser compartidas ni publicadas, bajo pena de incurrir en responsabilidad penal o administrativa”.
