Advertencia gubernamental ante bloqueos de carreteras en Perú

El primer ministro peruano, Eduardo Arana, anunció hoy que la Policía desbloqueará pacíficamente las carreteras interrumpidas por marchas de mineros informales que demandan una ley que los incorpore a la formalidad.

Arana criticó también la demanda de más plazos para esa formalización pues han transcurrido ocho años de creación de un programa oficial con ese objetivo y solo se han incorporado parcialmente 31 mil mineros que tienen un plazo hasta el 31 de enero para cumplir el trámite.

El nuevo plazo dejó fuera a 50 mil mineros que no iniciaron sus trámites necesarios para formalizarse, lo que motiva los bloqueos de caminos en las regiones sureñas de Ica, Arequipa y Cusco.

El primer ministro agregó que si los mineros que protestan no dejan libres las carreteras cerradas, la Policía Nacional tiene la orden de despejarlas de manera pacífica, sin violencia.

Reiteró que sigue en pie una etapa de diálogo a la que seguirá el desbloqueo de las carreteras.

Llamó al Parlamento, donde un sector promueve la Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), a reflexionar sobre el objetivo de las normas que impulsa.

Cientos de mineros se mantienen desde la semana pasada acampados frente al Palacio Legislativo, exigiendo que se apruebe la llamada Ley MAPE y la Policía mantiene vigilancia sobre ellos y una barrera de uniformados protege la sede congresal.

El líder de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal, Máximo Franco, dijo que, a pese a ampliaciones del plazo de formalización, solo dos por ciento lo lograron.

Explicó que el problema de fondo es que grandes empresas tienen en concesión 30 millones de hectáreas, de las que solo explotan 2,5 por ciento y mantienen el resto como reservas y es allí donde los informales penetran.

Agregó que el fracaso de los esfuerzos de formalización se debe a la exigencia de que operen con contratos con esas empresas, que niegan esos acuerdos, por lo que las áreas ociosas, dijo, deben recuperarlas y asignarlas a los mineros formales y artesanales.

Franco señaló que, si no existiera la condición de trabajar con las empresas, los más de 80 mil mineros se habrían legalizado en dos o tres meses y auguró que, por la traba de operar por contrato, a fin de año muy pocos de los 31 mil mineros aceptados logrará formalizarse.

Dijo que su federación agrupa a pequeñas empresas que cumplen los demás requisitos exigidos: el pago de impuestos, la protección del ambiente y el cumplimiento de las normas de salud laboral.
PRENSA LATINA.

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