Afectados en Ecuador exigen respeto tras fallo sobre Chevron
Esta semana se supo que la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya ordenó a Ecuador a pagar 220 millones de dólares a Chevron, pese a la contaminación de esa empresa en la Amazonía y a una sentencia de un tribunal del país sudamericano que obliga a la transnacional a pagar nueve mil 500 millones de dólares por los daños.
Fajardo, que representa a la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (Udapt) respondió en redes sociales a una entrevista del procurador, Juan Carlos Larrea, en la que sostuvo que Ecuador fue condenado por una “sentencia fraudulenta obtenida por soborno”.
“Rechazamos aquellas cosas falsas del señor procurador que jamás defendieron al país. Está claro a quién defienden. Defienden a Chevron y sus intereses, no al país”, afirmó el representante de los afectados, quien exigió respeto a la lucha de las comunidades amazónicas que buscan justicia desde hace 32 años.
Larrea señaló que el equipo de defensa del Estado logró reducir la pretensión inicial de Chevron de tres mil 350 millones de dólares a 220 millones, lo que calificó como “un 93 por ciento de ahorro”.
Este laudo es ejecutable y definitivo, pero aún hay opciones procesales, explicó Larrea al canal Teleamazonas, donde indicó que hay un plazo, hasta la próxima semana, para presentar solicitudes de corrección, que se aplica en el caso de que existan errores de cálculo o detalles menores.
Luego de eso, detalló, corren tres meses más para que las partes puedan pedir una acción de anulación, pero, aunque exista esa posibilidad, afirmó que el Ministerio de Economía tiene que decidir si la paga o intenta un acuerdo para el desembolso.
Fajardo, por su parte, insistió en que seguirán buscando que la sentencia ecuatoriana de 2011 sea homologada en otros países.
“Si alguien duda de lo que decimos, le invitamos a Orellana y Sucumbíos para ver el crimen dejado por Chevron”, aseveró.
El conflicto, uno de los más largos de América Latina en materia ambiental, se originó en 1993, cuando comunidades indígenas y campesinas denunciaron vertidos tóxicos atribuidos a Texaco, luego adquirida por Chevron, en la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990.
Chevron sostiene que la sentencia ecuatoriana de 2011 fue obtenida «a través de fraude, sobornos y corrupción», y en 2018 logró un laudo internacional favorable que ahora deriva en la compensación de los 220 millones de dólares.
La bancada legislativa oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) anunció que impulsará una ley que permita cobrar ese monto “del bolsillo” del movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa, al que responsabilizan de presuntas irregularidades judiciales en el caso.
El propio Correa (2007-2017) aseguró este jueves que su Gobierno “no intervino en nada” en el juicio local contra Chevron, aunque señaló que “siempre respaldamos a nuestras comunidades indígenas y denunciamos la destrucción de la selva, y lo volveríamos a hacer un millón de veces”.
PRENSA LATINA
