Afloran las quejas de los afectados a un mes de la explosión en SC
EC. Treinta y un días han transcurrido desde la fatídica explosión que estremeció al centro de la ciudad de San Cristóbal y las quejas de los afectados afloran por doquier.
La alegada falta de ayudas económicas, el disminuido comercio, el largo proceso para la entrega de cadáveres, así como las causas del siniestro dadas por las autoridades son algunos de los desagrados en los que coinciden los que hoy recuerdan con tristeza el suceso que, hasta la fecha, ha arrebatado la vida de 38 personas.
En la denominada zona cero las brigadas operativas realizan las labores de demolición del edificio que albergaba la tienda textil Toledo, luego de haber derribado las otras dos estructuras en la que operaba la veterinaria y la fábrica de textiles Vidal Plast, que fue donde se originó el siniestro.
Mientras se estima que los trabajos para habilitar por completo el espacio continúen por al menos dos días más, el trauma que ha quedado como una marca indeleble en lo que antes era una concurrida área comercial mantiene casi nulas las actividades en los alrededores de la calle Padre Ayala, donde los varios negocios permanecen cerrados y en otros aún se cuantifican las pérdidas materiales.
“Ellos (las autoridades) han venido y han tomado fotos, han hecho levantamiento y han dicho que van a ayudar con las instituciones bancarias y las empresas que han donado. Ya han puesto algunos cristales en muchos negocios, pero aquí todavía nada”, comentó Imerquis Toledo, propietaria de una de las tiendas próximas al lugar afectado.
Manifestó que, además haber perdido el 80% de la mercancía de su comercio, ahora ha tenido que lidiar con los saqueos, robos que se han producido en la zona, por lo que abogó por más intervención para su protección.
Residentes aledaños a la zona del desastre también reclamaron para recibir las ayudas económicas.
“Yo estoy aquí a un mes de la explosión y todavía no he recibido ayuda y vivo al frente, tengo que estar aquí haciendo malabares con un par de varillas”, expresó indignado Tito Sancry.
Como él, varios hombres aprovechan la demolición de los edificios para cargar con varillas y otros artefactos con el fin de venderlos.
Inconformidad entre familiares de las víctimas
El pasado miércoles decenas de familiares acudieron al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para retirar el cadáver de sus parientes, que habían sido identificados tras ser completado el proceso de ADN.
El desconsuelo y la inconformidad eran comunes entre las familias que fueron contactadas para retirar los restos de aquellos que perecieron.
“Justicia es lo que queremos” se les escuchó decir a algunos de los presentes, quienes dijeron estar incrédulos en cuanto los resultados sobre las causas del funesto evento.
“No queremos que el caso se quede impune, que se aclare la verdad porque vemos que quieren que esto se quede así. El Ministerio Público hizo un expediente que fue un disparate”, indicó Elvis Vittini, quien asistió al Inacif ubicado en el cementerio Cristo Redentor, a recibir los restos del cuerpo de su hermano Julio Vittini.
Mientras esperaba por los restos de su esposa, Juan Corporán también pidió que se den mayores explicaciones de la lamentable tragedia.
“El Ayuntamiento (de San Cristóbal) es tan culpable, porque hace seis meses sabían que ahí había un problema, Vidal Plast porque ahí ocurrió la explosión y el señor Toledo por irresponsable e incompetente porque no es posible que un edificio de tres niveles sea una guardería donde tenga una sola salida”, sostuvo.
Pruebas ADN no coinciden con el resto de las familias
El Inacif entregó el miércoles los restos de 10 personas fallecidas durante la explosión registrada el pasado 14 de agosto en una zona comercial de San Cristóbal. A través de un comunicado, se informó que hasta el momento quedan nueve levantamientos restantes de los 20 restos de personas recuperados que faltaban por identificar. Según se explicó todos tienen prueba de ADN, pero no hay coincidencia con el resto de las familias que están a la espera de saber de sus familiares. Las pruebas de ADN se realizan en estos casos porque, debido al estado de los cuerpos, no han podido ser identificados de manera convencional. De varios de los fallecidos han sido recuperados restos de cuerpos y cadáveres totalmente calcinados.
