Argentina: Senado de Mendoza aprueba proyecto minero pese a rechazo popular
El senado provincial de Mendoza, Argentina, aprobó este martes la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino (ex San Jorge) con 29 votos a favor y 6 en contra, pese al generalizado rechazo popular por su potencial contaminación de la cuenca hídrica local. La decisión se tomó en medio de un gran despliegue policial y con la legislatura vallada.
En la antesala, columnas de asambleas socioambientales, familias, productores y organizaciones sociales confluyeron en la capital mendocina desde distintos puntos de la provincia y del país para rechazar la avanzada minera promovida por el gobernador Alfredo Cornejo y respaldada por Javier Milei.
Según sus impulsores, el emprendimiento, proyectado para 27 años, contempla un “incentivo económico” de 600 millones de dólares y la generación de 4.000 puestos de trabajo. La medida fue aprobada por el oficialismo provincial (una alianza entre radicales, libertarios y dirigentes del PRO).
Sin embargo, organizaciones sociales advierten sobre el riesgo de contaminar la cuenca del río Mendoza, que provee agua al 75 por ciento de la población provincial —alrededor de 1,5 millones de habitantes—, además de abastacer a más de 9.000 industrias y riega 250.000 hectáreas de cultivos. La Asamblea por el Agua ha declarado que este tipo de mega minería“utiliza sustancias altamente tóxicas como xantato y libera metales pesados”.
Desde primeras horas del día, la consigna “El agua de Mendoza no se negocia” marcó el pulso de una protesta que fue denominada en días previos como “Gesta libertadora por el agua”, en alusión a la histórica defensa de los recursos naturales que caracteriza a la provincia.
Pese a la votación de la jornada, las asambleas de la provincia anticipan manifestaciones en los próximos días y esperan lograr una irrupción como la de 2019, cuando la ciudadanía frenó la modificación regresiva de la Ley 7.722 —la cual prohíbe el uso de sustancias tóxicas como cianuro o ácido sulfúrico— y obligó a dar marcha atrás a la flexibilización del control ambiental.
Caravana en defensa del agua
La masividad del actual reclamo quedó reflejada en la caravana que, durante dos días, recorrió más de cien kilómetros desde la localidad de Uspallata hasta la capital provincial. Vecinos, ciclistas, docentes, trabajadores rurales y jóvenes caminaron bajo el sol para exigir que los senadores frenen lo que califican como un “embate directo del lobby minero”.
El recorrido incluyó Potrerillos, el perilago, Cacheuta, Blanco Encalada y Luján de Cuyo, con postas solidarias que permitieron sumar columnas desde distintos departamentos de la provincia.
El abogado ambientalista Enrique Viale describió desde Mendoza un clima social “policlasista, masivo y decidido”, subrayando que solo el cuatro por ciento del territorio mendocino es cultivable, lo que convierte cada litro de agua en un recurso estratégico.
“El destino de la provincia está en juego. El pueblo de Mendoza tiene una relación única con el agua. Y esta ofensiva minera es parte de una política histórica de saqueo que hoy intentan imponer de manera acelerada”, afirmó.
La comunidad científica también se hizo presente en el debate. En semanas previas, investigadores del Conicet denunciaron la censura de un documento crítico que cuestionaba severamente el estudio de impacto de San Jorge, señalando fallas graves en la evaluación de riesgos sobre el agua, el suelo y el patrimonio arqueológico.
El texto advierte sobre la posible contaminación de las aguas subterráneas que recargan el arroyo Uspallata, un impacto que afectaría a toda la cuenca del Río Mendoza, eje hídrico vital de la región.
Mientras tanto, en Buenos Aires, organizaciones sociales y asambleas convocaron a una protesta frente a la Casa de Mendoza para denunciar lo que consideran un “pacto extractivista” entre el gobierno local y la administración Milei.
La declaración del Presidente apoyando explícitamente el proyecto San Jorge encendió nuevas alarmas en el movimiento ambientalista, que denuncia una “aceleración sin precedentes” de políticas favorables al gran capital minero.
En paralelo, la Asamblea por el Agua de Uspallata reafirmó que “este pueblo ya frenó la megaminería una vez y volverá a hacerlo”, recordando las históricas jornadas de diciembre de 2019.
TELESUR
