Ambos oficiales permanecen suspendidos de funciones en sus respectivas instituciones militares: Cáceres del Ejército de la República y Robiou de la Fuerza Aérea Dominicana.
Las acciones del Ministerio Público alcanzaron también al exprocurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, quien fuera apresado en junio de 2021 en la Operación Medusa, y contra quien la Procuraduría Especializada señala como responsable de encabezar una red criminal de corrupción que malversó más de RD$ 6 mil 500 millones durante su gestión.
En noviembre de 2020, en medio de la Operación Antipulpo también fue apresado el ex director de la Oficina de Ingeniero Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagan, contra quien pesan cargos por dirigir un entramado de corrupción que el mismo habría admitió, y procedió a devolver bienes millonarios y dinero en efectivo adquiridos lícitamente, según la Procuraduría.
En la misma Operación Antipulpo, el Ministerio Público apresó en noviembre de 2020, en Santiago, a Fernando Rosa, exdirector general del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) acusado por la Procuraduría de dilapidar más de 4 mil 700 millones de pesos de la entidad durante su administración.
De las 14 investigaciones especiales practicadas por la CCRD y enviadas a la PEPCA, seis fueron realizadas a Ministerios, y las demás a entidades descentralizadas y autónomas del Estado.
La CCRD fiscaliza al Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) donde, según la auditoría, más de 2 mil millones fueron manejados irregularmente durante el periodo 2012-2016.
El órgano regulador también practicó una investigación especial al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y entre las irregularidades se destacan presenta el pago sin los debidos soportes RD $3 mil 500 millones, por concepto de contrato en línea con el Banco de Reservas, durante la administración de Gonzalo Castillo.
En una de varias auditorías realizadas al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS) por la Cámara de Cuentas, se detectaron gastos irregulares por el monto de 310 millones durante el periodo 2012- 2015.
Además, la experticia hecha a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estadio arrojó, entre otras irregularidades financieras, los contratos y ejecuciones irregulares de 48 obras, por un monto de más de RD $1000 millones, correspondiente al periodo 2010-2013.
Una de las investigaciones especiales documentadas por la Cámara de Cuentas, fue el supuesto despilfarro y desvío de fondos estatales llevado a cabo Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), que superan los RD $300 millones, entre agosto y enero de 2020.
En la Policía Nacional también la CCRD reveló en una auditoría practicada a la entidad del orden, relacionada a la compra y distribución irregular de combustibles, alegadas malversación de recursos por la suma de RD $220 millones 730 mil 721. entre enero de 2015 y diciembre de 2017.
También arrojaron irregularidades millonarias en el manejo de los recursos del Estado, las auditorías realizadas a la Fundación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan de la Maguana; Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste); Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas(FONPER); Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).
Asimismo, fueron fiscalizadas durante el referido periodo la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), Dirección Central de Policía de Turismo (Politur y el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).
Aunque existen otras auditorías e investigaciones especiales del mismo periodo publicadas en la páginas de la CCRD, no han sido remitidas aún a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, para continuar con las investigaciones financieras de los montos afectados.
Estas 14 fiscalización sólo abarca los periodos seguidos de Gobierno del expresidente Danilo Medina, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Las administraciones de Leonel Fernández, sobre todo las de 2004- 2012, y los ocho años de Danilo Medina, fueron favorecidas, supuestamente, por la anterior Cámara de Cuentas con auditorías “maquilladas” para proteger a funcionarios que malversaron y sustrajeron fondos públicos en dicha gestiones, según revelaron recientemente las autoridades de la CCRD y el Ministerio Público.
Lo cierto es, según la crítica de expertos, que las auditorías de la Cámara de Cuentas no han servido para enjuiciar a ningún exfuncionario, sino para reforzar expedientes que ya están en curso en la justicia. Las mayoría son archivadas definitivamente
