Comisión Europea propone suspender beneficios comerciales y sancionar a funcionarios israelíes
La Comisión Europea presentó al Consejo de la Unión Europea una propuesta para suspender parcialmente las ventajas arancelarias que Israel recibe bajo el Acuerdo de Asociación entre ambas partes, y para aplicar sanciones individuales a ministros del Gobierno israelí y colonos extremistas. La iniciativa responde, según Bruselas, a violaciones graves del derecho internacional humanitario y del marco legal que regula las relaciones bilaterales con el Estado israelí.
De ser aprobada, la medida implicaría que cerca del 37 % de las exportaciones israelíes al bloque (en su mayoría productos agrícolas), quedarían sujetas a los aranceles generales de la Organización Mundial del Comercio. Esto supondría un coste estimado de 220 millones de euros anuales para los exportadores israelíes. En 2024, el comercio total de bienes entre la UE e Israel superó los 42.000 millones de euros (casi 50.000 millones de dólares), con la Unión representando el 32 % del intercambio comercial del país.
Además del ajuste comercial, la propuesta incluye la suspensión de proyectos de cooperación bilateral e institucional valorados en aproximadamente 14 millones de euros, así como la congelación de fondos previstos para el periodo 2025-2027. Sólo se mantendrá el apoyo a organizaciones de la sociedad civil y al museo Yad Vashem. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, sustentó estas decisiones por el impacto de las operaciones militares en Gaza, los bloqueos a la ayuda humanitaria, el desplazamiento masivo de civiles y la expansión de asentamientos en Cisjordania.
La propuesta contempla también sanciones contra nueve ministros del Gabinete israelí —incluidos Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich— además de varios colonos y entidades asociadas, bajo el Régimen Global de Sanciones de la UE en materia de Derechos Humanos. En paralelo, se plantea añadir a diez miembros del buró político de Hamás a la lista de personas sancionadas, quienes quedarían sujetos a congelación de activos y prohibición de entrada al territorio europeo.
Bruselas apoya estas acciones en el Artículo 2 del Acuerdo Euromediterráneo, que exige a las partes el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos como condición esencial del acuerdo. Esta es la primera vez que la UE invoca formalmente dicho artículo para suspender beneficios a Israel, marcando un giro en su política exterior hacia la región.
La propuesta deberá ser aprobada por mayoría cualificada en el caso de las medidas comerciales, y por unanimidad para las sanciones individuales. De ser adoptadas, las decisiones entrarían en vigor 30 días después de ser notificadas al Consejo de Asociación entre la UE e Israel.
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