Comunidades del salar de Uyuni están preocupadas por el medioambiente y la injerencia
SPUTNIK. Las poblaciones campesinas indígenas cercanas al salar de Uyuni, entre otros donde se explotará litio, solicitaron al Gobierno de Luis Arce información precisa sobre el impacto ambiental que tendrá esta actividad y solicitaron la aprobación de la ley que regulará la extracción del llamado oro blanco.
En la zona de los salares de Uyuni, Pastos Grandes y Coipasa, en los departamentos de Potosí y Oruro, viven decenas de comunidades campesinas indígenas que manifestaron su preocupación por los efectos ambientales que puede acarrear la explotación de litio, por lo que pidieron al Gobierno la aprobación de una ley específica para esta materia, la cual está trabada en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Las organizaciones campesinas indígenas locales también rechazaron la creciente influencia en la región de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, quien anteriormente dejó en claro el interés que Estados Unidos tiene en el litio sudamericano.
«El Comando Sur que todavía nos sigue amenazando. Laura Richardson pasó por Argentina, Perú, Ecuador. Eso nos llama la atención, de eso he alertado a dirigentes y bases. En América Latina debemos estar alerta, porque el Comando Sur viene a controlar nuestros recursos naturales», dijo a Sputnik Beimar Cruz, integrante de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud. (FRUTCAS).
Las comunidades de la región de los salares están inquietas por el contexto internacional, pero también por el nacional. Días atrás, una institución privada difundió un estudio según el cual la planta de carbonato de litio en funcionamiento consume 100 litros de agua por segundo.
Desde la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) señalaron que actualmente se utilizan 22 litros por segundo. Se trataría de agua salobre, no apta para el consumo humano.
El gerente de Geología y Exploración de YLB, Nelson Carvajal, dijo en conferencia de prensa que desde 2014 se realizan periódicamente estudios hidrogeológicos y de balances hídricos en las microcuencas de Marka Pampa y San Gerónimo, de donde se extrae el agua para el Complejo Industrial situado al sur del salar de Uyuni.
«Para la industrialización de los recursos evaporíticos, YLB realiza de manera responsable el manejo del recurso hídrico a través de estudios, proyecciones y monitoreos de los recursos de agua, salmuera y otros», señaló.
Además, Carvajal informó que una de las microcuencas tiene la capacidad de extracción de 216 litros por segundo (l/s) y que YLB utiliza actualmente 22 l/s. Cuando funcionen las cinco plantas en construcción se usarán 100 l/s, lo cual representa menos del 50% del agua disponible, según el funcionario de la empresa estatal.
Dudas en las comunidades
Cruz reconoció que entre las comunidades de esta parte de Los Andes predomina la incertidumbre en torno a la explotación del litio.
«No tenemos el dato exacto de cuánto se puede afectar el sistema hídrico en este sector. No tenemos un estudio cabal sobre el tema. Los pobladores de aquí han visto como una falta de respeto que YLB diga que trabaja de manera responsable y planificada en el tema del medioambiente, cuando no informan correctamente», sostuvo Cruz.
El exdirigente de FRUTCAS urgió a la aprobación de la Ley del Litio. Uno de los proyectos de normativa fue presentadopor esta organización, que aceptó dialogar con el Gobierno para modificar partes del texto.
«Esta ley hablaría sobre los mecanismos para mitigar el impacto ambiental, basada en estudios hidrológicos. También tocaría el tema de las regalías, la toma de decisiones en coordinación entre los diferentes niveles del Estado», comentó. Y evaluó que se debe avanzar en otros proyectos para que en el país se fabriquen baterías de litio.
En este sentido, el líder campesino solicitó al Gobierno «impulsar la industrialización del litio con soberanía, respetando los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas. Es lo fundamental».
YLB: «Todo legal»
El jefe del departamento de Medio Ambiente de YLB, Iván Bellido, afirmó que están en funcionamiento 153 puntos de monitoreo de agua, aire, flora y salmuera para controlar los efectos de las operaciones en el Complejo Industrial.
«En el marco normativo, YLB cuenta con todas las licencias ambientales de las plantas pilotos y plantas industriales, emitidas por autoridad ambiental nacional y departamental», aseguró Bellido.
Y agregó: «Se cuenta con las actas de consulta pública de los proyectos, especialmente de la planta industrial de carbonato de litio realizadas en 2018, que establece el proyecto, las características, los impactos y cómo serán mitigados».
Las comunidades exigen la realización de la Consulta previa antes de avanzar en las obras que involucran a estos territorios. Pero según la Ley de Minería de 2014, este procedimiento no es necesario cuando se trata de recursos estratégicos, como es el caso del litio.
