Crimen, corrupción y silencio oficial: el negocio del despojo de viviendas
En la actualidad, el despojo violento de viviendas se ha convertido en un modus vivendi para diversas agrupaciones delictivas que operan en la Ciudad de México y el Estado de México.
Estos grupos se apropian de propiedades mediante invasiones express, expulsando a sus legítimos propietarios a la fuerza, a veces incluso gritando o sacándolos de sus casas. Posteriormente, venden o rentan estos inmuebles de forma ilegal, ofreciendo supuesta protección a terceros para mantener el control.
Los grupos delictivos y su método de operación
Entre las organizaciones detectadas se encuentran Los Usón, Gopez, 22 de Octubre, Los Gastones, Los 300 y un grupo recientemente identificado llamado Pegaso, que opera principalmente en la llamada “segunda parte de Los 300”, tras una división interna.
Según un integrante entrevistado, este grupo se especializa en invadir casas, departamentos, localesy terrenos con un esquema muy estructurado.
El proceso inicia con la vigilancia continua: repartidores actúan como “ojos”, visitando la propiedad varias veces por semana para detectar signos de abandono, como pasto crecido o ventanas rotas. En caso de comprobar la ausencia del dueño, se realiza la invasión rápida, en 3 a 5 minutos, antes de que vecinos alerten a las autoridades o a los propietarios.
La complicidad con autoridades y la legalización ilícita
Una parte fundamental del esquema es la corrupción. Estos grupos obtienen documentos legales para sus invasiones gracias a abogados y funcionarios corruptos.
Se asegura que el 70 u 80% de las ganancias se destinan a funcionarios municipales y alcaldes, quienes reciben hasta 30-40 mil pesos quincenales para permitir estas operaciones. Además, se elaboran escrituras ante notarios públicos para darle apariencia legal a la venta o renta de las casas usurpadas.
Impacto en las víctimas y denuncia social
Víctimas como Héctor Escárcega, que aún paga su crédito en el Infonavit, han sido desalojadas violentamente de sus hogares por estos grupos, siendo desplazados sin ninguna protección ni apoyo. La inseguridad y el temor los obliga a ceder sus propiedades, convirtiéndose así en un problema social y jurídico de gran magnitud.
El Secretario de Gobierno de CDMX, César Cravioto, ha reconocido que casos de desalojo irregulares han sido denunciados ante autoridades judiciales, pero la solución aún es insuficiente para frenar esta ola de violencia.
TVAZTECA
