Cuestionan en Panamá nuevo fondo de retiro para magistrados
La norma, publicada en Gaceta Oficial el pasado 8 de agosto, crea un fondo que garantiza a los magistrados el 100 por ciento de su último salario, sumados a las pensiones que les otorga la Caja de Seguro Social (CSS).
La diferencia entre el pago de la CSS y el monto total sería cubierta por el Órgano Judicial, según la iniciativa.
El Supremo justifica la medida señalando que para mantener la independencia judicial es indispensable que los jueces “reciban una remuneración suficiente, irreductible y acorde con la importancia de la función que desempeñan”.
Además, el fondo se mantiene vigente para los magistrados aun cuando se venza su periodo constitucional o se retiren por cualquier motivo antes de alcanzar la jubilación.
Para el abogado y diputado Ernesto Cedeño la norma es abiertamente inconstitucional y cita el artículo 163, numeral 3, de la Carta Magna que establece que todo lo relacionado con jubilaciones debe regularse por ley y prohíbe a los diputados avalar pagos para esos fines a través de otro mecanismo.
Citado por el diario La Estrella de Panamá, Cedeño señala que el acuerdo de la Corte suplanta la función legislativa, al crear un beneficio que debería discutirse y aprobarse en la Asamblea Nacional (parlamento).
Por su parte, el constitucionalista Miguel Antonio Bernal en su cuenta en la red social X describió ese fondo como “Insólito, Injustificado, Inmoral, Impuesto, Indebido, Improsulto, Irresponsable, Impresentable, Inconstitucional, Impopular”.
También el exdiputado y líder de la coalición independiente Vamos, Juan Diego Vásquez, manifestó que aunque respeta la labor de los jueces y magistrados honestos, la creación de este fondo no resulta viable dadas las condiciones financieras actuales del país.
“Profundizar la desigualdad creando beneficios especiales en las pensiones de algunos panameños sobre otros no es dable en la situación financiera nacional actual”, afirmó.
También voceros de la alianza Pueblo Unidos por la Vida criticaron esta norma que favorece a los magistrados en medio de protestas contra la vigente Ley 462 de la Caja de Seguro Social, que establece jubilaciones de miseria y hambre para las mayorías.
PRENSA LATINA
