De Piedad Córdoba a Michelle Bachelet

Por: Piedad Córdoba Ruíz.

Cordial y respetuoso saludo.

Estimada comisionada, soy Piedad Córdoba Ruiz, mujer afrocolombiana, víctima del conflicto social armado, ex senadora de la República, ex candidata presidencial, defensora de derechos humanos y luchadora desde siempre por la paz de mi país, de Nuestra América y del mundo.

Les escribo desde un país que, en plena lucha contra la pandemia del Covid, enfrenta una realidad aún más trágica: el asesinato sistemático de jóvenes y adultos, muchos de ellos afrodescendientes, indígenas, estudiantes, campesinos, líderes sociales pertenecientes a familias y comunidades vulnerables, quienes en razón de su condición social y de sus orígenes étnicos han sido victimizados. En los primeros 9 meses del año en curso, van ejecutadas de forma alarmante 61 masacres con cerca de 246 víctimas.

El pasado mes de agosto fueron ejecutadas 11 masacres con 64 víctimas, que se suman a los asesinatos casi diarios de activistas civiles que luchan por la paz, el medio ambiente, la justicia social y la equidad. Como presentaré ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, el direccionamiento de la muerte en términos étnicos y regionales, toma ya ribetes de etnocidio. Pero en medio de la grave crisis de desequilibrio democrático las masacres han llegado incluso a la capital de la república como pudo evidenciarse tristemente en las luctuosas jornadas del pasado 8 y 9 de septiembre donde violencia policial hoy impune asesinó a discreción 13 ciudadanos y dejó heridos más de 2 centenares.

Las cifras detallan, no sólo que en el año 2020 se han incrementado los asesinatos de líderes sociales y/o defensores de derechos humanos y ambientales, sino también de población en proceso de reincorporación a la vida civil, con la ejecución extrajudicial de más de 230 integrantes de la antigua guerrilla de las FARC-EP. De esta manera, desde la firma en 2016 de los acuerdos de paz son 1.000 las personas civiles asesinadas por razones políticas. Más de mil muertos del posacuerdo, me permiten decirle que aquí no hay post-conflicto sino transformación de éste y exacerbación de ciertas de sus facetas.

Así mismo, cabe señalar que de acuerdo con entidades que hacen seguimiento al feminicidio en Colombia, en este año 2020 han ocurrido 243 asesinatos de mujeres en el país, sin olvidar que el pasado 21 de junio, siete soldados del Ejército, en el departamento de Risaralda, secuestraron a una niña indígena de 11 años, la llevaron a una zona apartada y la violaron; este caso entre otros que luego se han conocido en los que aparecen involucrados y confesos miembros de las fuerzas militares.

Todos los hechos anteriores tienen  una gravedad aun mayor por cuanto constituyen perfidia a un Acuerdo Final de Paz que cuenta no solo con el acompañamiento de la ONU, sino que el anterior presidente Juan Manuel Santos lo convirtió en Acuerdo Especial acorde con los protocolos de Ginebra y lo consagró como Declaración Unilateral de Estado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (S/2017/272) siendo anexado integralmente a la Resolución 2261 de 2016. Su incumplimiento evidente ante la violación integral –y particularmente de lo contemplado en el punto 3.4. Garantías de Seguridad- constituye un desconocimiento al compromiso adquirido por el Estado colombiano no solo ante su contraparte en la Mesa de La Habana y a los países garantes y acompañantes, sino dado su carácter erga omnes y la declaración formal ante la organización que Ud representa, significa un incumplimiento ante todos los países miembros de la ONU y una transgresión misma del derecho internacional. El desconocimiento de facto del Acuerdo de La Habana, en cuanto Acuerdo Especial depositado ante la Confederación Suiza también implica la inobservancia del derecho internacional humanitario, de la que lo firmado es desarrollo ante su formalización reconocida en las instancias dispuestas para ello. Esta crisis humanitaria tipifica perfidia.

Como ustedes pueden comprobar, la situación es alarmante: flagrante violación de derechos humanos, asomos de dictadura y perfidia a un Acuerdo de Paz. A pesar de ello, el gobierno del presidente Iván Duque insiste en señalar de forma desobligante que estos hechos trágicos que laceran el tejido social no son masacres, afirmación que no sólo resulta contraria a la definición convencional asumida en organismos como la ONU o en agencias especializadas, sino que claramente apunta a presentarlas como hechos ajenos, que no atañen a la responsabilidad del Estado, ni por acción ni por omisión, o volver a caer en la fábula pueril de los “hechos aislados” o las “manzanas podridas”. Yo misma fui víctima la semana anterior de una amenazante agresión luego de denunciar el riesgo de un autogolpe y de anunciar mi comparecencia a la Comisión de la Verdad. Qué pueden esperar entonces los miles de líderes y lideresas que desde los territorios realizan su valiente lucha democrática?

Ante la espantosa realidad de Colombia hoy día, con un registro semanal de asesinatos de líderes, pobladores, excombatientes y opositores, cabe preguntarse: ¿Quién está al mando de las fuerzas armadas?; ¿Quién es el máximo dirigente en la cadena o línea de mando?;

No cabe duda de lo que la Constitución indica: es el presidente, hoy Iván Duque, quien tiene a su cargo la responsabilidad por las actuaciones de sus fuerzas armadas; es él el comandante en jefe de las estructuras armadas oficiales. Por lo tanto, es él quien tiene la obligación de dar instrucciones para el combate a los grupos paramilitares, así como a otros grupos ilegales, así como de depurar responsabilidades de oficiales que muestren algún grado de colusión con esas bandas. Además, es sumamente preocupante la actuación de la Policía Nacional, -subordinada también al jefe de Estado- con numerosas unidades implicadas en casos de corrupción y permisión, verificándose connivencia con carteles de narcotraficantes, la inoperancia en controles fronterizos, así como de otras fuerzas especializadas que no cumplen labores de interdicción aérea y marítima.

¿Cómo puede Colombia, como país miembro de la ONU, contribuir al respeto por los derechos humanos y endilgarse funciones internacionales en este aspecto, si en su propio territorio la Fuerza Pública se muestra, cuando no autora directa, cuando menos cómplice, encubridora o facilitadora, de la violación de los mismos? ¿pueden algún día desempeñarse las fuerzas colombianas como garantes de los derechos humanos, cuando en su propio territorio hay connivencia o articulación a circuitos de corrupción, crimen organizado y terrorismo contra la población indefensa?; ¿Qué clase de prestigio y credibilidad internacional, puede tener un presidente y sus fuerzas militares y policivas cuando han actuado con omisión, cuando no detienen a los autores de matanzas constitutivas de genocidio y etnocidio, o cuando han actuado directamente contra la humanidad de quienes han jurado proteger?

Resulta evidente, que la situación de violación de derechos humanos actual en Colombia es delicada y que la inoperancia del gobierno del presidente Iván Duque para abordar los graves problemas antes descritos, hace que el país sea un riesgo en materia de seguridad para la región, así como para amplios sectores del país, por ello recurro a Ud Alta Comisionada, para que analicen la situación y tomen las medidas que sus funciones y poderes les otorgan con el fin que pare la masacre en Colombia. Se requiere su compromiso y acciones inmediatas al respecto. La perfidia y el genocidio en curso no pueden ejecutarse impunemente ante las entidades de la comunidad internacional. Valoro inmensamente el reciente informe del Secretario General Antonio Guterres respecto a esta situación (S/2020/943), pero se requiere pasar prontamente al terreno de las acciones competentes. Por ello le pido su visita al país y su interlocución directa ante esta insostenible crisis de derechos humanos.

De esta manera les dejo una constancia ética y les solicito en nombre de los valores de la democracia y los derechos humanos, que actúen ¡Impidan las próximas masacres, asesinatos, etnocidios, feminicidios!

Con respeto, y agradeciendo su atención,

PIEDAD CÓRDOBA RUIZ

C.C. 21.386.190

Exsenadora de la República

Defensora Derechos Humanos

Celular: 573158610680

Correo electrónico: piedadcordobaruiz@gmail.com

Remito copia de esta carta a:

Señor António Guterres

Secretario General de Naciones Unidas

Señor Iván Duque Márquez

Presidente de la República de Colombia

Señor Carlos Holmes Trujillo

Ministro de Defensa de la República de Colombia

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