Debilidad institucional del Estado sugiere investigación de CGR
A. En una auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) a la Dirección General de Proyectos Estratégico y Especiales de la Presidencia de la República (Propep) se confirmaron alegadas irregularidades en contratos de obras, compras y alquileres de maquinarias por RD$ 598,800,771, que infringen, entre otras leyes, la normativa 340-06 sobre Compras y Contrataciones en el Estado.
Las anomalías financieras se detectaron en los programas Quisqueya Somos Todos y Quisqueya Digna, entre septiembre de 2020 y diciembre de 2021, durante la administración de José Leonel (Neney) Cabrera, al frente de la entidad.
De acuerdo con la Contraloría, se adjudicaron contratos de reparación de viviendas con inversores de compañías proveedoras, quienes a su vez son empleados del Estado (civiles y militares) en violación al Reglamento de Aplicación 543.12 de la citada ley.
Las contratas irregulares se firmaron mediante la modalidad de Comparación de Precio, a la Corporación Internacional de Proyectos (COINPRO), que tienen como accionista a Eduardo Ernesto Mejía y Mejía y Alexander Ernesto Mejía y Mejía.
La investigación reveló que Eduardo Ernesto compró las acciones en la compañía a Ramón Ernesto de Jesús Mejía y Media, quien se desempeña como director de Gabinete en el Ministerio de Medio Ambiente, mientras que Alexander Ernesto es un teniente ingeniero de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), lo cual infringe la mencionada legislación de Compra y Contrataciones.
En otro orden, durante el período de auditoría, la entidad oficial adquirió bienes por RD$ 129,258,908.27, sin que fueran registradas las entradas de almacén pre-numerada y firmada por el responsable de la entrega y el que recibe; además de carecer de las especificaciones del bien que está establecido en la ficha técnica y en los términos y referencias, lo cual no se ajusta a los formularios emitidos por Compra y Contrataciones.
Estos contratos establecen compras con nueve compañías suplidoras que, supuestamente, entregaron equipos pesados para la intervención de vertederos en diferentes lugares, así como pintura y disolventes para el Programa Pinta tu Barrio en Cavidad, en los que se habría vulnerado normas fundamentales del Control Interno.
En su informe, la controlaría índica que entre los riesgos que podrían surgir por la mala práctica, se encuentran que los bienes, servicios, obras y concesiones recibidas no se ajustan a la descripción de los contratos firmados; además, indica que difieran de la calidad y cantidad adjudicada y que no se puedan evidenciar la entrada en almacén de dichos bienes.
Remozamiento de casas
La entidad oficial llevó a cabo contratos para el remozamiento de 425 en diferentes sitios por un monto de RD$ 110,734,712.20, sin embargo, sólo se remodelaron 350; como resultado, los auditores afirman que no pudieron evaluar el impacto cuantitativo ocasionado el Estado en el incumplimiento de los contratos.
De acuerdo con la investigación realizada por la entidad de control interno, los formularios de recepción de las viviendas no contienen los números de cédula de beneficiarios; ni los datos de personas favorecidas están en la herramienta de búsqueda de la CGR, además de otros formularios que contienen nombres de direcciones no localizables, y también hay varios que figuran duplicados.
Alquiler de equipos
La Contraloría revela que la entidad, bajo el mando de José Leonel Cabrera, alquiló maquinarias pesadas a compañías para hacer trabajos en 7 verteros situados en distintos parajes, por un monto de RD$ 228,206,319.12, las cuales aparecen con números de chasis y pólizas de seguro repetidas entre proveedores, en violación a las normas de Control Interno y la Ley 340-06, indica el informe.
Durante el período de evaluación, la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República también hizo un contrato con la compañía Méndez Excavaciones & Transporte, SRL, por RD$ 82,159,261.00, para alquiler de maquinarias pesadas durante un período de cuatro meses hasta su plena ejecución; sin embargo, fue saldado en dos meses y medio ante la fecha indicada, en perjuicio del Estado.
Se comprobó que 4,290 horas de trabajos reportados en los volantes de recepción de servicios, se registraron después del último pago para cancelar el contrato.
En las 58 páginas del informe de la auditoría se muestran otras irregularidades financieras, no menos graves, que afectaron recursos públicos y pudieron llevar a cabo acciones legales contra los involucrados.
