Denuncian graves irregularidades en la construcción de acueducto de Villa Altagracia
H. La construcción del acueducto complementario de Villa Altagracia tiene un exagerado e injustificado retraso, entre muchas otras irregularidades, que requieren ser investigadas por la dirección de compras y contrataciones y por la comisión de ética gubernamental, según denunció este martes la Fundación para el Desarrollo de Villa Altagracia (FUDEVA).
De acuerdo a una nota de prensa, la obra se inició en enero del 2021, atendiendo a un reclamo de la comunidad, y se prometió entregarla dos años después. La construcción está a medio talle, aunque Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) asegura haber invertido el 65% del presupuesto programado, cuyo monto es impreciso.
Indica que los trabajos que se realizan buscan aumentar el suministro de agua a gran parte de los moradores de la zona urbana del municipio de Villa Altagracia, estimada en cerca de 35 mil personas, no 100 mil como estima equivocadamente INAPA. Incluye la obra de toma desde el río Haina, Cárcamo de bombeo de aguas crudas, líneas de impulsión, rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento.
Asegura que el retraso en la ejecución es grande en cada uno de estos componentes, sin que haya manera de justificarlo. Mientras tanto, la población sufre la escasez y la mala calidad del líquido, teniendo que satisfacer gran parte de sus necesidades a través de la compra a camioneros que la venden al pregón y sin ningún control sanitario.
A cargo de la construcción del acueducto hay tres compañías privadas que, al menos una obtuvo un contrato de grado a grado, que data del año 2003. Inexplicable e inaceptable, toda vez que esta empresa es la que menos ha avanzado y la que más ha cobrado. Se trata, según INAPA, de la Constructora Pablo Yarull y Asociados, beneficiaria del contrato 2003-037, (hace 21 años) pero fue reactivado por la actual administración. Tiene a su cargo la obra de toma: Dique Caucasiano con Desarenador, línea de aducción, Cárcamo de bombeo y muro de gaviones. INAPA atribuye el retaso al mal tiempo, pero hay que recordar que van tres años desde que si iniciaron los trabajos. Cierto que ha llovido pero también hemos tenido largos períodos de sequía», especifica.
Además, dijo que la línea de impulsión y el equipamiento Cárcamo de bombeo les fueron cedidas a la empresa ICCA, SRL, la cual tampoco ha cumplido. Esta compañía cometió el error de instalar tuberías subterráneas sin las válvulas requeridas para el bombeo. Hubo que desenterrarlas y ahora aleja que las piezas no llegan del exterior. ¿Quién pagará el precio de ese error? Los fondos para este componente del acueducto los aportó un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
«La constructora SERIMAR recibió la asignación de la ampliación de la planta de tratamiento de agua potable. Ella también culpa al mal tiempo por su retraso, según le informó INAPA a FUDEVA, quien tuvo que recurrir al derecho a la información para tener acceso a estos datos», manifestó el movimiento.
Recordó que el 26 de enero del 2023 Wellington Arnaud, director de INAPA, declaró a medios de comunicación, que la inversión en la obra sería cercana a los 800 millones de pesos. Pero en una comunicación escrita, solicitada por la Fundación para el Desarrollo de Villa Altagracia, se afirma que el costo será de $314,721,346.38. ¿A quién creerle?
«Villa Altagracia está cansada de esperar agua por cañería, de calidad y permanente en sus hogares, derecho que le han negado todos los gobierno de las últimas 4 décadas. Esta injusticia no tiene comparación dado que en este municipio se produce el 35% del agua que consume el Gran Santo Domingo. Este pueblo confió en INAPA, pero esa institución nos ha defraudado, y como en administraciones anteriores, nos prometió y no cumplió».
Villa Altagracia exige agua potable y también reclama transparencia en el manejo de los recursos públicos. “Nos reservamos el derecho de recurrir a los tribunales si encontramos evidencia de que la construcción de este acueducto se ha utilizado para dilapidar los recursos de los contribuyentes”, advirtió FUDEVA en un comunicado público.