Disparos contra el derecho a la expresión y la información

TELESUR. La fecha representa una oportunidad para que los Gobiernos garanticen la seguridad de los periodistas.

A finales de 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 2 de noviembre como Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas.

Más allá de llamar la atención sobre estos hechos, la fecha también devino oportunidad para que los Gobiernos den pasos concretos en aras de garantizar la seguridad de estos profesionales.

Entre otras cuestiones, los comunicadores sobresalen por su crítica a la corrupción y la deshonestidad política, a la extensión del crimen organizado y el narcotráfico, y a la codicia de las trasnacionales que procuran controlar los recursos naturales.

En ese sentido, se convierten en blanco frecuente de las ambiciones de esos grupos de poder, que no reparan en medios para silenciarlos e interrumpir su labor fiscalizadora.

¿Qué ocurrió en 2019?

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) divulgó que durante el año pasado fueron asesinados 49 periodistas en todo el mundo, de los cuales 18 correspondieron a tres naciones latinoamericanas: México, Honduras y Brasil.

México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión: desde el 2000 hasta mediados del año pasado, se documentaban allí 131 asesinatos y un elevado número de casos aún no ha sido resuelto, de acuerdo con el Comité para la Protección de Periodistas.

Aunque Honduras, al igual que Brasil, solamente reportó dos crímenes durante el año pasado, el Colegio de Periodistas de ese país centroamericano notificó ocho, con un nivel de impunidad del 90 por ciento.

Por su parte, la organización no gubernamental (ONG) Campaña Emblema de Prensa (PEC, por su sigla en inglés), reportaba la muerte de 79 comunicadores en el mundo, con los siguientes casos en América Latina: México (13), Honduras (5), Colombia (3), Brasil y Haití (2), y Chile (1).

Situación en 2020

Hasta mediados de septiembre, se contabilizaban 62 periodistas asesinados en todo el mundo, de acuerdo con PEC. En el área latinoamericana y caribeña, México marcha primero con nueve fallecidos y le sigue Honduras (4).

Al comentar lo que ocurre en México, el dirigente del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), Juan Carlos Rojas, declaró que este tipo de crimen es el más grave atentado contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

En 2012 ese país creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al que ya se han acogido cerca de 300 comunicadores.

Otra nación que destaca por su nivel de violencia contra comunicadores es Honduras, donde han sido asesinados más de 80 entre 2001 y 2020. El 97 por ciento de esos casos ha quedado impune, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh).

Con una muerte violenta aparecían para esa fecha Brasil, Paraguay, Guatemala, Colombia y Barbados.

Desafíos para el ejercicio del periodismo

La FIP considera que la impunidad es un pasaporte para cometer más crímenes y ataques violentos contra los comunicadores.

Aunque las constituciones políticas y otras normas jurídicas consagran derechos como la libertad de expresión y de prensa, en la práctica en no pocos países estos no son permanentemente respaldados por la acción gubernamental.

Los Gobiernos pueden reducir los niveles de impunidad si tienen la voluntad política para hacerlo y jerarquizan la atención a este grave problema.

Aunque varias naciones reportan la solución de algunos crímenes contra periodistas, estos ejemplos positivos siguen siendo puntuales.

A tenor con la función social y política que cumplen los periodistas, en aquellos escenarios que resulten hostiles a su integridad estos deben contar con mecanismos especiales de protección que impliquen garantías reales para su vida.

No obstante el paso de avance que ello significaría, los Gobiernos no deben perder de vista que el problema esencial es reducir o eliminar la violencia sistémica, resultado del desigual reparto de la riqueza y la inequidad, entre otras causas.

Enemigo silencioso

De acuerdo con la Asociación de Prensa de España, hasta el 19 de agosto habían muerto por Covid-19 en América Latina y el Caribe un total de 171 periodistas. Las mayores cifras de fallecidos las reportan Perú (82), seguido de Ecuador (40), México (13) y Brasil (9).

Más distantes, aparecían hasta esa fecha Honduras (7), República Dominicana (5), El Salvador (3), Guatemala (3), Nicaragua (3), Colombia y Bolivia (2), y Argentina y Panamá (1).

La ONG PEC invitó a leer estas cifras con reservas, pues la no información de muertes de comunicadores o la no realización de pruebas diagnósticas en muchos países pueden elevarlas considerablemente.

Además, su responsable, Blaise Lempen, pidió al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la adopción de una resolución que fortalezca la seguridad sanitaria de los periodistas «en esta crisis de salud sin precedentes».

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