EE.UU.: Justicia vuelve a bloquear intento de Trump de poner fin al TPS para venezolanos y haitianos
El juez Edward Chen del Tribunal de Distrito Norte de California falló contra la decisión de la secretaria nacional de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, de cancelar el TPS, que ampara a unos 600.000 venezolanos y 500.000 haitianos de la deportación.
En su fallo de 69 páginas, Chen determinó que Noem excedió su autoridad legal y que su decisión de febrero de 2025 era “arbitraria y caprichosa”.
La medida beneficia a la Alianza Nacional TPS y siete inmigrantes venezolanos que demandaron tras la orden de Noem. El TPS protege a 250.000 venezolanos beneficiados en 2021, 350.000 de la extensión de 2023 y medio millón de haitianos, todos designados bajo el gobierno de Joe Biden.
“La acción de la secretaria amenaza con infligir daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia se verán gravemente afectados”, escribió Chen, destacando también el impacto económico en Estados Unidos.
El fallo impide que el gobierno de Trump termine el TPS mientras el caso sigue en litigio, aunque se espera una apelación que podría llegar al Tribunal Supremo.
En mayo, la Corte Suprema permitió al Gobierno finalizar el TPS para los venezolanos de 2023, pero la decisión de Chen restablece temporalmente las protecciones.
El Gobierno argumentó que tiene autoridad para terminar el TPS, calificándolo como un programa temporal, y que las condiciones en Venezuela y Haití han mejorado.
Sin embargo, Chen refutó que la justificación de Noem carecía de evidencia y sugirió motivaciones de “sesgo racial” en la decisión, citando generalizaciones negativas sobre los inmigrantes venezolanos. La querella sostiene que la terminación violó la Ley de Procedimiento Administrativo y los derechos constitucionales de igualdad de protección.
Esta no es la primera vez que Trump enfrenta resistencia legal por el TPS. Durante su primer mandato, intentó sin éxito eliminar las protecciones para inmigrantes de seis países, principalmente centroamericanos.
Los demandantes, respaldados por organizaciones como la Haitian Bridge Alliance, celebraron la decisión. “Este fallo reconoce el papel crítico del TPS, protegiendo a personas que no pueden regresar de manera segura a sus países”, afirmó Emi MacLean, abogada de la ACLU de California del Norte.
El TPS, establecido por el Congreso en 1990, permite a inmigrantes de países en crisis—como guerras o desastres naturales—vivir y trabajar legalmente en EE.UU. por períodos renovables de 6 a 18 meses.
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