El presidente Petro atribuye los atentados a los grupos armados residuales de las FARC
Dos atentados dirigidos contra un helicóptero de la Policía y una base aérea han dejado 18 muertos y 65 heridos en Colombia. El primero de ellos ha ocurrido en el departamento de Antioquia, donde doce policías antinarcóticos han muerto al ser derribado el helicóptero en que se transportaban para una operación de erradicación de cultivos ilícitos.
Posteriormente, en Cali, un camión cargado con explosivos fue detonado en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, donde se forman los miembros de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), dejando seis personas muertas y 65 heridas que transitaban por la zona en el momento de los hechos.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha publicado una fotografía del detenido en Cali, quien según el presidente “pertenece a las estructuras del EMC, dirigidas por alias ‘Marlon’, subordinado a la Junta del Narcotráfico”, un grupo del que supuestamente forman parte varias organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Petro ha atribuido ambos atentados “al llamado frente 36 del EMC”, y anunció que declarará a ese grupo entre las organizaciones “terroristas” junto con la Segunda Marquetalia, también un grupo armado residual de las extintas FARC, y el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.
Fotografía tomada de la cuenta oficial en la red social X @petrogustavo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, donde se ve uno de los presuntos responsables del atentado en Cali
El presidente, que afronta duras críticas por el aumento de la violencia en el país, prepara un decreto para declarar el estado de conmoción interior, una medida de excepción para enfrentar perturbaciones graves del orden público que pongan en riesgo a la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana.
La ONU condena los ataques y urge a las guerrillas a “respetar los derechos humanos”
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia ha condenado los atentados, urgiendo a los grupos armados no estatales “a respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, además de diferenciar entre combatientes y población civil para evitar ataques contra personas no involucradas en el conflicto. “Llamamos al Estado a que atienda a las víctimas y adelante las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y garantizar justicia”, agrega el comunicado.
LA VANGUARDIA
