El sector arrocero dominicano ante nuevos desafíos
El arroz es uno de los principales cultivos alimenticios de la República Dominicana. Según cifras oficiales, más de 300,000 personas dependen directamente del cultivo del arroz, incluyendo productores, trabajadores en fábricas de procesamiento, transportistas y comerciantes.
Este sector, que abarca unas 21 provincias, tiene un impacto social y económico considerable, ya que se estima que mueve cerca del 60 % de las economías rurales del país.
Con el inicio de la implementación plena del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta) en enero de 2025, el sector arrocero se enfrenta a uno de sus mayores retos: la entrada de arroz importado libre de aranceles.
Ese escenario ha generado inquietud entre los pequeños y medianos productores, que se ven amenazados por la competencia extranjera, especialmente por los grandes productores de arroz de Estados Unidos, quienes cuentan con un nivel de subsidio estatal que les permite ofrecer precios más bajos.
En 2024, la tasa arancelaria para el arroz importado de Estados Unidos bajo el DR-Cafta fue de 11.88%. Sin embargo, a partir de enero de 2025, se establece la desgravación total de los aranceles para el arroz importado de esa nación.
De acuerdo a la Federación Centroamericana del Arroz (Fecarroz) República Dominicana desde el año uno (2006) al 10 (2015) tuvo un arancel de un 99.00 %, luego en el 2019 este era de 67.32 %, el 2020 de 59.40 %, en el 2021 el arancel era de 47.52 %, en el 2022 fue de 35.64 %, en 2023 fue de 23.76 %, en el 2024 de 11.88 % y finalmente este año 2025 es de 0.00 %, o sea, libre de arancel.
El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (DR-Cafta) es un acuerdo multilateral, ya que incluye a varios países: Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua y la República Dominicana.
El apoyo del gobierno y la protección del sector
En este contexto, el presidente de la República, Luis Abinader, consciente de la importancia estratégica del arroz para la seguridad alimentaria del país, promulgó el Decreto 693-24 el 17 de diciembre de 2024, el cual busca proteger a los productores nacionales de la competencia internacional. Este decreto se basa en la Ley 75-24 de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional, la cual respalda el derecho de los países a defender su producción local.
Según Víctor «Ito» Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), esta medida tiene como objetivo asegurar la autosuficiencia del país en arroz, mejorar la competitividad del sector nacional y evitar un impacto negativo en los precios del grano básico.
Los esfuerzos del sector y los desafíos del DR-Cafta
El presidente de la Federación Nacional de Arroceros de la República Dominicana (Fenarroz), Marcelo Reyes, ha expresado su satisfacción por las medidas adoptadas.
«El sector arrocero está tranquilo con la medida que se tomó, y el campo se está sembrando en su totalidad. Las expectativas sobre el cultivo del arroz siguen siendo positivas», comentó Reyes.
En cuanto al inventario, el sector cuenta actualmente con 5.5 millones de quintales de arroz, lo que garantiza una oferta suficiente para el primer trimestre de 2025.
Además, la cosecha en Montecristi, que comenzó con la primera parcela, ha dado tranquilidad a los consumidores sobre la disponibilidad del grano y la estabilidad de precios.
La actividad, que genera un impacto económico que supera los 45,000 millones de pesos anuales, también se desarrolla en las provincias Duarte, La Vega, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Valverde, San Juan, Samaná, Monseñor Nouel, Dajabón y Santiago, entre otras.
A pesar de los esfuerzos, el experto agropecuario Carlos Segura Foster alertó sobre el grave peligro que enfrenta el sector arrocero dominicano tras la entrada en vigor del acuerdo DR-Cafta a partir del primero de enero de 2025, que permite la importación de arroz libre de aranceles.
Argumenta que el sector sigue enfrentando retos importantes derivados del DR-Cafta. La importación de arroz libre de arancel podría impactar especialmente a los pequeños y medianos productores, quienes representan el 80 % de los arroceros del país, pero solo producen el 20 % del total de la cosecha nacional. Para estos productores, competir con el arroz importado será un desafío casi insuperable.
Segura Foster también destacó que los grandes productores, aquellos que manejan 500 tareas o más, probablemente podrán subsistir, pero advirtió que los pequeños y medianos productores, que manejan menos de 100 tareas, están al borde de la desaparición.
Este panorama también se extiende, según Foster, a los molineros y pequeñas factorías, que ya están enfrentando una reducción significativa en su capacidad de almacenamiento y distribución de arroz, debido a la concentración del inventario en unas pocas grandes empresas.
El experto concluyó con una fuerte crítica al Gobierno, afirmando que las políticas actuales están favoreciendo a los ricos y amenazan con dejar a los pequeños y medianos productores y molineros fuera del mercado, lo que podría llevar a un oligopolio en la producción de arroz, similar a lo que ya ha ocurrido en otros sectores como el avícola y el porcino.
«Sabíamos que sería muy difícil competir con los subsidios que reciben los productores estadounidenses. A pesar de los esfuerzos por mejorar la calidad y la productividad, siempre era una pelea desigual», afirmó Reyes. Sin embargo, confía en que las medidas del gobierno dominicano permitirán mitigar el impacto de las importaciones y salvaguardar el sector.
Producción y consumo del arroz en la República Dominicana
El sector arrocero dominicano siembra aproximadamente 1.3 millones de tareas al año, distribuidas entre 30,000 productores a nivel nacional. De estas, 14 provincias son las que más contribuyen a la producción, aunque el impacto de la actividad alcanza a 21 provincias en total.
Durante 2024, la producción nacional de arroz alcanzó los 14,045,411 quintales, lo que representa un aumento con respecto a los 13,570,490 quintales producidos en 2023.
El consumo de arroz en el país también ha experimentado un aumento relevante. Según datos del sector, el consumo mensual pasó de 1.3 millones a 1.5 millones de quintales desde mayo de 2024. Este incremento se atribuye a varios factores, entre ellos, el crecimiento de las exportaciones hacia Haití y el reemplazo de arroz importado de Estados Unidos por producción nacional.
Sin embargo, el aumento en el consumo también ha generado interrogantes, ya que algunos sostienen que el turismo no es un factor determinante en este crecimiento, ya que los turistas no son consumidores importantes de arroz.
Desafíos estructurales y el camino hacia una ley agrícola moderna
Aunque las medidas recientes son positivas, el sector aún enfrenta varios desafíos estructurales. Marcelo Reyes advierte sobre el descuido en infraestructuras clave como los sistemas de riego y las vías rurales, fundamentales para la productividad del campo.
Además, plantea la necesidad de un cambio de enfoque en el Banco Agrícola, que debe ser más eficiente en la oferta de crédito a los productores.
«El sector arrocero es una economía encadenada. Si no hay arroz en las zonas productoras, todo el tejido económico local se ve afectado. Esto incluye desde ferreterías hasta farmacias, pasando por los comerciantes y transportistas», explicó Reyes.
En este sentido, la reestructuración de las infraestructuras de riego y caminos es vital para asegurar la competitividad del sector.
Asimismo, Reyes considera urgente una reforma profunda del marco legal agrícola. La Ley Agrícola de Desarrollo Agropecuario de 1960 o 1961 ya no responde a las necesidades del sector, y es necesario crear una nueva ley que apoye el desarrollo agrícola del país y que se alinee con los estándares internacionales.
«El país no puede seguir manejándose con una ley de hace más de 60 años. Es necesario sentarse a crear un marco legal moderno que permita planificar el futuro del sector agropecuario y dejar el cortoplacismo», enfatizó.
El futuro del sector arrocero dominicano
A pesar de los desafíos que enfrenta el sector arrocero con la entrada en vigor de la desgravación acordada en el DR-Cafta, el panorama es menos sombrío gracias a las medidas de protección implementadas por el gobierno y al esfuerzo constante de los productores.
La producción nacional sigue siendo fuerte, y el sector se mantiene optimista, con un claro enfoque en la mejora de la competitividad y la sostenibilidad a largo plazo.
Sin embargo, para asegurar el futuro del arroz dominicano, es fundamental que el Gobierno continúe respaldando a los pequeños y medianos productores, modernice la legislación agrícola y apueste por la innovación y la inversión en el campo. De lo contrario, la amenaza de concentración del sector en manos de grandes agroempresarios podría convertirse en una realidad, lo que afectaría tanto la estabilidad económica como social de las regiones rurales del país.
El arroz no solo es un cultivo, es parte de la identidad y la seguridad alimentaria de la República Dominicana. Una de sus formas de consumir en con el plato “la bandera dominicana”, que se compone de arroz blanco, carne y habichuelas.
Mantener su producción sostenible y competitiva es clave para garantizar el bienestar de miles de familias en todo el país.
Otros productores han valorado positivamente la emisión del decreto 693-24, ya que creen que garantiza la protección de la producción local frente a la competencia externa, especialmente ante los efectos del DR-Cafta, que ha generado preocupaciones sobre el futuro de los productores nacionales debido a la posible saturación del mercado con arroz importado.
«El sector arrocero está sumamente agradecido y contento tras la emisión del Decreto 693-24. Agradecemos al presidente de la República por brindarnos esta protección, ya que realmente es un decreto fundamentado en la Ley 75-24 de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional, y en el artículo 21.2 del DR-Cafta, que permite a cada país defender su seguridad y soberanía alimentaria”, señala el productor Oliverio Espaillat.
Destaca que el presidente Luis Abinader cumplió con su palabra, asegurando que el arroz no desaparecería bajo su gestión.
“Estamos muy agradecidos por la decisión valiente del presidente, quien ha dado su respaldo al sector con un arancel del 99 %, que es el mismo que existía cuando comenzaron las negociaciones del DR-Cafta”, indicó.
Además, resalta que se contemplaron las 23,300 toneladas de arroz que entrarán sin arancel desde Estados Unidos, una cantidad que cubre apenas unos 12 o 13 días de consumo anual, por lo que no afectará a la producción local.
Reiteró que el sector ahora está más tranquilo, sabiendo que se prioriza “a nuestros aliados, los Estados Unidos, pero también con la seguridad de que el presidente ha protegido nuestra producción nacional. Estamos profundamente agradecidos por este respaldo».
El Decreto número: 693-24 y su impacto
A través del artículo uno del decreto se dispone aplicar a los productos de arroz (S.A. 1006.10.00, 1006.20.00, 1006.30.00 y 1006.40.00), el trato arancelario establecido en la Lista XXlll de República Dominicana ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), que dispone un 20 % ad valorem dentro del contingente y 99 % ad valorem fuera de éste.
Además, con el artículo dos se establece una cuota preferencial de 23,300 Toneladas Métricas (TM) con 0 % de arancel ad valorem para los productos de arroz (S.A. 1006.10.00, 1006.20.00, 1006.30.00 y 1006.40.00) originarios de los Estados Unidos de América, y fuera de esta cuota se aplicará el arancel Nación Más Favorecida (NMF), equivalente a un 99 % ad valorem.
El decreto indica en su artículo tres que se aplicará el tratamiento arancelario NMF de 99 % ad valorem a los productos de arroz (S.A. 1006.10.00, 1006.20.00, 1006.30.00 y 1006.40.00) originarios de la República de Nicaragua.
El Poder Ejecutivo precisa que las medidas adoptadas en el decreto mantendrán su vigencia hasta tanto el Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conassan) recomiende lo contrario, basado en las consideraciones presentadas en un nuevo informe por la Secretaría Técnica de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutrición.
P.
