Empresas estadounidenses presentan demanda a Trump por aranceles del 15%
El bufete sin fines de lucro Liberty Justice Center anunció este lunes que presentó una nueva demanda contra el impuesto del 15 por ciento impuesto por el presidente Donald Trump, tras la reciente decisión del Tribunal Supremo que anuló gran parte de su política arancelaria anterior.
La denuncia fue interpuesta ante el Tribunal de Comercio Internacional de los Estados Unidos en nombre de un grupo de empresas, encabezado por Burlap & Barrel, especializada en especias y comercio electrónico, y Basic Fun!, fabricante de juguetes. Ambas compañías ya habían participado en litigios previos contra los aranceles de Trump.
Esta acción legal se suma a una demanda similar presentada la semana pasada por un grupo de fiscales generales demócratas, en lo que se perfila como una intensa batalla judicial sobre la legalidad de los nuevos gravámenes. La demanda ocurre semanas después que la Corte Suprema anulara los aranceles IEEPA de la administración, según especificaba en la red social X.
Los aranceles anteriores de Trump se basaban en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, norma que el Tribunal Supremo determinó no autorizaba la imposición unilateral de tarifas. En respuesta, la administración recurrió al Artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974 para justificar los nuevos impuestos del 15 por ciento.
Sin embargo, dicha ley establece que los aranceles no pueden imponerse indefinidamente sin aprobación del Congreso, algo que Trump ha descartado explícitamente. El comunicado del bufete aclara en ese sentido que el presidente en su intención no pedirá ninguna autorización al Legislativo.
«Orgullosos de luchar junto a nuestros clientes mientras defienden no solo sus propios negocios y clientes, sino también un principio constitucional fundamental: NINGÚN presidente tiene el poder de gravar al pueblo estadounidense por sí solo», expresó el grupo en X.
Paralelamente, los tribunales enfrentan otro frente crítico con las solicitudes de reembolso por 166 mil millones de dólares en aranceles ya pagados, cuya nulidad fue confirmada por el Tribunal Supremo. Múltiples empresas afectadas se han unido para exigir indemnizaciones, lo que representa una potencial carga millonaria para las arcas públicas del gobierno federal.
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