En Ecuador crearon un mecanismo para iniciar un programa nuclear
El Gobierno de Ecuador anunció este sábado la creación del Organismo de Implementación del Programa Nuclear (Nepiu), una nueva entidad estatal que tendrá la misión de dirigir y coordinar el programa nuclear del país suramericano.
La medida, presentada por el Ministerio de Ambiente y Energía, responde a un requisito del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y busca avanzar de la etapa de planificación hacia la ejecución de manera “ordenada, segura y progresiva”.
Según la cartera de energía, el Nepiu se conformará en el primer trimestre del próximo año y articulará a todas las instituciones públicas vinculadas al sector energético. Su rol será asumir la conducción técnica del proceso hasta la eventual entrada en operación del primer reactor nuclear nacional, el RNE1, proyectado para dentro de aproximadamente diez años.
El anuncio se sustenta en la Política de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear, ya emitida como política pública, que prioriza la seguridad de las personas, la protección ambiental y la integridad de las infraestructuras.
El Ministerio sostiene que, a mediano y largo plazo, el programa permitirá evaluar el uso de tecnologías nucleares para la generación de energía eléctrica limpia y confiable, incluidos los reactores modulares, como complemento de la matriz energética nacional.
Sin embargo, el anuncio ocurre en un contexto marcado por fracasos recientes en la gestión energética del Estado. La emergencia eléctrica de 2024 expuso debilidades estructurales, decisiones erradas y contratos adjudicados a empresas que no cumplían requisitos técnicos, según informes de la Contraloría General del Estado. Los casos de Austral Technical Management (ATM) y Progen Industries LLCconcentran las principales observaciones.
ATM recibió un contrato por USD 89 millonespara la construcción de la termoeléctrica Esmeraldas III, con una capacidad proyectada de 91 megavatios. La obra nunca se concluyó. La empresa abandonó el proyecto y dejó equipos dañados y motores incompatibles con el sistema eléctrico ecuatoriano. La Contraloría determinó que varios motores funcionaban a 50 Hz, cuando el sistema nacional opera a 60 Hz. Otros equipos tenían hasta ocho años de uso, pese a que el contrato exigía maquinaria nueva. Aun así, se autorizaron pagos millonarios. Hoy, más de USD 70 millones están comprometidos y la central sigue paralizada.
Por su parte, Progen Industries firmó contratos por USD 149,1 millones para instalar plantas en Salitral y Quevedo. La estatal Celec desembolsó el 70 % del monto antes de que las centrales entren en operación. Un año después, las plantas continúan sin generar energía.
Asimismo, la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional no estableció responsabilidades políticas para los entonces ministros de Energía, Roberto Luque e Inés Manzano. Mientras tanto, el Estado intenta recuperar cerca de USD 30 millones en multas y garantías, aunque el resto de los recursos se considera ejecutado pese a que ninguna planta está operativa.
Progen enfrenta procesos penales en Ecuador y una demanda civil en Estados Unidos. La Contraloría mantiene bajo examen un tercer contrato y prevé emitir su informe final en enero de 2026. Estos antecedentes han generado dudas sobre la capacidad del Estado para ejecutar proyectos energéticos de gran envergadura y garantizar la transparencia en el manejo de recursos públicos.
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