Fin de estado de urgencia en provincia panameña, protesta continúa
De acuerdo con el dirigente de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), Fernando Ábrego, la huelga indefinida iniciada el pasado 23 de abril se mantiene hasta que sea derogada la Ley 462 de la Caja de Seguro Social.
“El gobierno nacional quiere hacerle creer al pueblo panameño que tiene la verdad absoluta y que este es un tema inabordable”, remarcó.
También indicó que el movimiento magisterial ha sostenido conversaciones no solo con diputados, sino también con sectores de la empresa privada y con la Iglesia Católica, en busca de una salida a la crisis.
Ábrego calificó la ley como infame y reiteró que, según Asoprof, condena a la clase trabajadora a la esclavitud, al hambre, a la miseria y a la desesperación, al tiempo que no ofrece garantías claras sobre el manejo transparente de los fondos ni propone mejoras sustanciales en la atención en salud o en el suministro de medicamentos.
El dirigente sostuvo que el gremio se encuentra evaluando con juristas los artículos “más lesivos” de la ley, incluyendo el modelo de pensión e inversión que plantea.
También anunció una reunión clave para este lunes, a 24 horas de que se instalen las sesiones de la segunda legislatura de la Asamblea Nacional ( parlamento) con diversas organizaciones sociales para coordinar nuevas acciones de protesta.
“Exigiremos que se enderece el estado de derecho que el órgano Ejecutivo ha torcido”, indicó.
Ábrego también denunció la retención de salarios a docentes en paro, a través del decreto ejecutivo 17, al que calificó de “espurio, ilegítimo e ilegal”, y anunció que el gremio presentará recursos de ilegalidad y amparos ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Procuraduría de la Administración.
Por otra parte, acusó al gobierno y a las fuerzas de seguridad de cometer violaciones a los derechos humanos en la provincia de Bocas del Toro.
“Ya suman siete desaparecidos y a la fecha no tenemos conocimiento del paradero de estas personas”, afirmó, responsabilizando al presidente José Raúl Mulino, al ministro de Seguridad Frank Ábrego y al director de la Policía Nacional, Jaime Fernández.
“Seguimos tendiendo puentes para resolver esta crisis. Queremos volver a las aulas, pero con justicia social y respeto a nuestros derechos. La dictadura ya pasó de moda en Panamá, y no aceptaremos un modelo de gobernanza autoritario, “ agregó.
De otra parte, el dirigente del Sindicato de Trabajadores del Banano, Francisco Smith, hizo un llamado a los miembros de esa organización para que se abstengan de participar en el bloqueo de carreteras en Bocas del Toro, mientras las autoridades avanzan en el despeje de las vías.
También se conoció que el abogado Antonio Vargas presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de hábeas corpus a favor de ocho miembros del Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs), detenidos durante las protestas contra la Ley 462.
Según el recurso interpuesto, los miembros del Suntracs ejercían su derecho a la manifestación pacífica cuando fueron aprehendidos por agentes de la Policía.
Los ocho sindicalistas fueron detenidos en la localidad de Changuinola, fronterizo con Costa Rica, en el marco de la operación Omega, desarrollada por los estamentos de seguridad para despejar las vías de ingreso a ese territorio.
Mientras el abogado Héctor Huertas interpuso un amparo de garantías constitucionales contra la decisión del Gobierno de decretar un estado de urgencia en Bocas del Toro y alegó que la medida viola las garantías fundamentales, como el derecho a ser puesto a órdenes de una autoridad competente en un plazo máximo de 24 horas.
Los estamentos de seguridad trabajaban aún en la apertura de algunos tramos de la carretera entre Changuinola y Almirante , que aún permanecen cerrados.
PRENSA LATINA.
