FUDEVA denuncia graves crímenes ecológicos en reservas forestales de Villa Altagracia
La Fundación para el Desarrollo de Villa Altagracia (FUDEVA) eleva su voz de alarma y su indignación frente al hecho de que los bosques de las cuencas hidrográficas del río Haina y sus afluentes y otras importantes áreas protegidas del municipio están siendo víctima en estos momentos de crímenes ecológicos de grandes magnitudes.
A FUDEVA le duele que hombres poderosos desde el punto de vista económico y estatal, estén deforestando de manera indiscriminada las áreas boscosas de Lomas Novillero y Los siete picos, ambas reservas forestales, protegidas por ley, sin que las autoridades competentes se den por enteradas.
Un caso que elevó la indignación del pueblo de Villa Altagracia es la tragedia ecológica que está cometiendo en la zona el señor Leónidas Batista Díaz, director del Instituto Dominicano del Café (INDOCAFE).
Este funcionario gubernamental, amparado en la influencia derivada de su cargo, ha derribado todos los árboles, algunos de ellos centenarios, que estaban en un área de 500 tareas de la reserva forestal Loma Novillero, lean bien: 500 tareas. El crimen ecológico cometido por este señor incluye la destrucción de cientos de pinos, caobas, palmeras, guama, melina y otras valiosas especies, poniendo en peligro uno de los afluentes más importante del río Haina: el río Basima.
El lugar está ubicado cerca de la cima de Novillero. Ver lo que está pasando allí es indignante e increíble. Arboles centenarios derribados para dar paso a plantaciones de cítricos, cacao, café y otros cultivos, sin pensar en las consecuencias negativas que un acto como este tiene para la producción de agua y la conservación de la flora y la fauna del país.
Igualmente grave e intolerante es saber que el crimen ecológico es cometido por un funcionario público, que abusa del poder para destruir un bien común, como es la reserva forestal Loma Novillero.
El pueblo de Villa Altagracia, al que representa FUDEVA, declara a Leónidas Batista persona no grata en el municipio y exige que el mismo sea destituido del cargo y sometido inmediatamente a la justicia para que pague por el crimen que ha cometido.
Batista es reincidente en este tipo de crimen. En el período gubernamental 2000-2004, siendo funcionario del Ministerio de Agricultura, adquirió irregularmente terrenos en Novillero y desde entonces posee una finca de cacao y café, la que colinda con el río Basima, afluente del Haina.
Pero ahora tendrá que pagar por su fechoría porque el pueblo está empoderado y dispuesto a defender sus recursos naturales al precio que sea necesario.
El no es el único poderoso que está ilegalmente en Novillero. En esta reserva forestal hay decenas de personas que construyeron allí casas para vacacional, algunas sin causar daños serios a la flora y la fauna. Otros destruyéndolo todo.
El doctor Wilimberto Taveras es otro de los señores que llegaron a Villa Altagracia y se adueñaron de gran parte de Novillero. Este potentado ocupa 500 tareas del bosque, hizo una carretera hasta la cima de la montaña y prohíbe la entrada de todo el mundo, incluyendo a las autoridades ambientales. El también tiene que ser desalojado de allí.
En adición de la deforestación, las montañas de Villa Altagracia registran una serie de extraños incendios, situación que amenaza con diezman la flora y la fauna de Novillero, Los 7 picos, Marianchita, Humeadora y Loma Grande, donde nacen los ríos que alimentan a los acueductos Haina-Duey e Isa-Mana, los cuales aportan el 35% del agua que consume el gran Santo Domingo. Ni los bomberos locales ni el personal de Medio Ambiente radicado en la zona tienen capacidad para enfrentar está grave situación.
Urge la intervención del presidente Luis Abinader y del ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, frente al acelerado proceso de destrucción de las áreas protegidas de Villa Altagracia. Solo ellos pueden destinar los recursos humanos, económicos, judiciales y militares para castigar a los culpables de la situación denunciada.
De manera inmediata deben pararse la deforestación y apagarse los incendios forestales. Para esto se requiere enviar a la justicia a los depredadores y multiplicar por mucho la vigilancia militar en la zona.
La comunidad de Villa Altagracia está dispuesta a participar en la búsqueda de soluciones a esta problemática y a aliarse en esa tarea con las autoridades competentes.
Los medios de comunicación deberían ir a Villa Altagracia a constatar esta denuncia y a verificar la justeza de los reclamos. Sin la responsabilidad social del periodismo será imposible rescatar las reservas forestales de este pueblo, que son reservas de toda la sociedad dominicana.