Funcionarios nuevos, viejos y salientes obligados hacer declaración jurada

La declaración jurada de bienes es el resumen de toda la vida financiera de una persona natural o jurídica. Consiste en un inventario de los bienes pasivos y activos de una persona y su comunidad conyugal que hace el funcionario nuevo, actual y saliente del cargo estatal. Incluye bienes en el exterior y la hacen también aquellos funcionarios viejos.

La declaración jurada de bienes es de carácter obligatoria por mandato convencional, constitución (art. 146), ley 311-14 y decreto de reglamentación No. 92-16.

La ley y el reglamente especifica quienes deben hacer la declaración juradas de bienes. Es decir, la declaración se caracteriza por el principio de especificidad, toda vez, que es para algunos funcionarios esta obligación estatal. Presidente, jueces, congresistas, ministros, viceministros, embajadores, cónsules, administradores, sub administradores, directores, sub directores, superintendentes, miembros de consejos, gobernadores provinciales, encargados de compras, ministerio públicos, funcionarios extra poder, banqueros estatales, militares y policías, jefes y subjefes de estado mayor, oficiales generales, oficiales de mando operativo o administrativos, director de la PN, subjefe, encargados departamentales, regionales y demás oficiales en posiciones de mando operativo y administrativos, titulares de cuerpos especializados presidente DNCD y sus miembros del consejo directivo; y cualquier funcionario que administre fondos públicos.

La declaración jurada se hace mediante un acto notariado, se publica vía electrónica o de forma impreso ante la Cámara de Cuentas. Se ponen las generales y bienes detallados. Toda declaración debe contener los soportes. La declaración es un documento de carácter público. No es confidencial. Excepto los números de cuentas bancarias, matrícula de bienes, dirección de inmuebles y otras informaciones indicadas en el art. 17 del reglamento no serán públicas.

Cuando se debe hacer la declaración

La declaración se hace dentro y fuera del cargo. Para el funcionario entrante dentro de los 30 días de su posesión, cada dos años en el cargo y de manera voluntaria si hay variación en el patrimonio.Si el funcionario está siendo investigado sobre su patrimonio se le podrá solicitar la actualización.

Para el funcionario saliente dentro de los treinta días después de haber finalizado su función en el cargo.

Las instituciones deben informar a la Cámara de Cuentas la designación y cese del funcionario que se encuentre obligado a declarar, esto se debe hacer cinco días a partir de su designación o su cese.

La Cámara de cuenta es el órgano fiscalizador y encargado de cumplir la declaración, y a través, de la oficina de evaluación y fiscalización se verificará la veracidad de la declaración mediante un análisis e inspección.El funcionario que deposite una declaración con documentos falsos se usará en su contra.

La cámara de cuentas deberá comunicar al Procurador General. Si el funcionario no declara, la procuraduría debe abrir una investigación para determinar si hay corrupción y enriquecimiento ilícito. El Ministerio Público puede investigar de oficio para determinar si el funcionario tiene un incremento patrimonial.

El funcionario que no declare en el plazo u omite un bien, es considerada una falta grave. Se le hará un juicio disciplinario conforme a la ley 41-08 de función pública. Una falta grave o de tercer grado se sanciona con la destitución.

No declarar se presume un enriquecimiento ilícito, y da lugar a que el ministerio público abra una investigación por enriquecimiento ilícito, para los funcionarios salientes o removidos, art. 19 ley 311-14.El funcionario saliente está obligado a demostrar el origen lícito de su incremento patrimonial que obtuvo durante el cargo.

La declaración jurada de bienes es una forma de rendición de cuentas. Es un instrumento de rendición de cuentas de los servidores públicos que promueve la integridad del Estado dominicano.Funcionario nuevo que no declare puede ser destituido. El saliente tiene un plazo de 30 días para hacer su declaración.

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