Gremios empresariales piden al presidente no promulgar reforma a la Ley de Residuos Sólidos

«Esa obligación vulnera la libertad de empresa consagrada en el artículo 50 de la Constitución. No se puede imponer por ley el uso de un insumo específico sin tomar en cuenta las condiciones técnicas, económicas y regulatorias», afirmó.

Actualmente, agregó, que en República Dominicana ni siquiera existe un mercado estructurado de combustibles alternativos: no hay garantía de suministro, ni calidad ni cantidad adecuada para el coprocesamiento, que es como se llama ese proceso técnicamente.

Adocem ha promovido el coprocesamiento de manera voluntaria como solución sostenible, pero advirtió que no puede imponerse sin criterios técnicos,estructuras logísticas y marcos regulatorios adecuados.

También cuestionó que el artículo 20, que afecta de forma directa a su sector, no formaba parte del texto original de la ley y fue introducido sin un proceso de diálogo transparente.

Amchamdr: aumento de tasas carece de sustento técnico y afecta la inversión

También, Amchamdr expresó su alarma ante el aumento proyectado de un 275 %en la contribución especial para la gestión de residuos, al considerar que esta medida no cuenta con respaldo técnico y podría afectar seriamente la competitividad del aparato productivo nacional, el clima de inversión y la sostenibilidad económica del país.

La entidad advirtió que esta carga tendría un impacto particularmente grave en las pequeñas y medianas empresas, y denunció también disposiciones que restringen la libertad de disposición de residuos y promueven condiciones monopólicas, como la obligación de utilizar un relleno sanitario por región o la exclusión del sector privado del Fideicomiso de Residuos.

Es esencial salvaguardar la libertad de empresa y promover la economía circular», indicó la entidad», sostuvo la entidad.

Amchamdr también reclamó la falta de vistas públicas, la necesidad de regular tarifas con criterios de equidad, e incluir definiciones técnicas actualizadas y mecanismos efectivos para el manejo de residuos peligrosos.

«La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana reiteró su compromiso con un marco regulatorio que promueva la sostenibilidad ambiental sin sacrificar la competitividad económica. En ese sentido, manifestó su disposición de colaborar con los actores públicos y privados, en aras de contribuir a una reforma más balanceada y efectiva», expresó.

Codopyme: Ley amenaza con cerrar miles de mipymes

La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) fue aún más contundente y rechazó categóricamente la aprobación del proyecto, al considerar que impone cargas «desproporcionadas, inflexibles e injustas» sobre un sector que representa el 98 % del tejido empresarial del país.

Según la organización, las nuevas tasas representan aumentos de entre 160 % y 500 % con respecto a la ley anterior. En algunos casos, negocios pequeños pasarán de pagar 500 a 3,000 pesos, mientras empresas medianas verán incrementos de hasta 675,000 pesos, sin estudios técnicos ni esquemas de gradualidad.

«Resulta inaceptable que una ley con impactos económicos y operativos tan significativos haya sido aprobada sin un proceso real de consulta con el sector mipymes, que representa el 98 % del aparato productivo nacional y genera millones de empleos formales e informales en todo el territorio», advirtió la entidad.

Codopyme anunció que iniciará acciones legales para declarar la inconstitucionalidad de la normativa y promoverá recursos de amparo, así como consultas regionales para articular una respuesta colectiva del sector.

«Advertimos que la entrada en vigencia de esta ley, sin ajustes ni acompañamiento adecuado, puede traducirse en mayor informalidad, cierres de negocios, pérdida de empleos y mayor desigualdad, en contraposición a los principios de sostenibilidad y desarrollo que supuestamente promueve», indicó el gremio.

Pese a que todos los sectores consultados valoran la importancia de una gestión moderna y responsable de los residuos, coinciden en que la modificación aprobada presenta serias deficiencias en su diseño técnico, genera distorsiones económicas, excluye la participación del sector privado y fue elaborada sin diálogo real con los principales actores económicos del país.

Tanto Adocem como Amchamdr y Codopyme han hecho un llamado al Poder Ejecutivo para que observe el proyecto y abra un proceso de revisión más equilibrado, que permita una implementación efectiva, inclusiva y justa del marco normativo.

Asimismo, señalan que la disposición contradice el principio de Responsabilidad Extendida del Productor contenido en la misma ley 225-20, al trasladar la responsabilidad de disposición final de los residuos a la industria cementera, que no los genera.

El sector turístico se une al rechazo

A la preocupación del sector cementerose suma la voz de más de una decena de asociaciones del turismo y la hotelería, que también solicitaron al Poder Ejecutivo observar el proyecto y convocar a un diálogo técnico, abierto y participativo.

Los gremios, entre ellos la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, Asociación Dominicana de Empresas de Turismo Inmobiliario (Adeti), Asociación Dominicana de Restaurantes (Aderes), Asociación Dominicana de Comida Casual y Servicio Rápido (Adecor), Asociación Dominicana de Agencias de Viajes y Turismo (Adavit), Asociación de Hoteles del Este (Asoleste), Asociación de Hoteles y Restaurantes de Santiago (Ashoresa), y la Asociación de Hoteles Romana Bayahíbe (AHRB) y otros, expresaron su inconformidad con una reforma que, según explican, se aprobó sin la debida profundidad técnica ni análisis de impacto, y que amenaza la sostenibilidad ambiental, la autonomía municipal y la competitividad empresarial.

Uno de los puntos críticos para el sector es la exclusión del sargazo como residuo en la normativa. Las asociaciones advierten que esta omisión impide su adecuada disposición final, pese a que representa un grave problema ambiental y económico para el turismo.

Señalan que las inversiones turísticasdestinan millones de pesos para enfrentar la llegada masiva de esta macroalga, sin apoyo efectivo del marco legal.

También alertan que la reforma limita la capacidad de las empresas para gestionar directamente sus residuos, impone la entrega obligatoria a gestores locales, y crea un sistema centralizado con un solo relleno sanitario por provincia y una sola planta por región, lo que —advierten— puede promover monopolios, elevar costos y reducir eficiencia.

Otra inquietud es la creación de una contribución especial basada en los ingresos brutos de las empresas, sin considerar el volumen o tipo de residuos generados, lo que penaliza de forma desproporcionada a pequeñas y medianas empresas turísticas.

Finalmente, denuncian que la ley reconoce derechos adquiridos solo a rellenos sanitarios, ignorando permisos vigentes de otras plantas de valorización, lo cual, además de violar el principio de irretroactividad, crea un clima de inseguridad jurídica y desincentiva nuevas inversiones.

En lo que respecta al Fideicomiso de Gestión de Residuos, observan con preocupación la composición del consejo, al incluir representantes de la industria beneficiaria, lo cual genera un claro conflicto de interés.
DL