Hay 4,559 funcionarios que todavía no entregan la declaración de bienes

LD. Setenta y dos funcionarios nombrados por el presi­dente Luis Abinader figu­ran en un listado de la Cá­mara de Cuentas por no haber depositado sus de­claraciones juradas de bie­nes.

El documento también manifiesta que 411 fun­cionarios, nombrados du­rante el mandato de Dani­lo Medina y que cesaron en sus funciones por de­cretos de Abinader, tam­poco habían presentado su declaración jurada de patrimonio hasta el 16 de octubre del presente año.

Por igual, 4,076 funcio­narios electos, entre dipu­tados, regidores, alcaldes y vocales, también fueron señalados como “omisos” por el órgano de control fiscal, debido al incumpli­miento de la Ley 311-14 so­bre Declaración Jurada de Patrimonio.

Director general, subdi­rector, cónsul general, em­bajador de la República Dominicana, subadminis­trador, diputado, regidor, director municipal, y alcal­de son algunos de los car­gos que figuran en el listado de personas que no han en­tregado el documento con sus bienes.

A once días de asumir su mandato, el 27 de agosto, Abinader dijo que los fun­cionarios que no presenta­ran su declaración jurada de bienes al día 15 de sep­tiembre quedarían suspen­didos.

Pese al anuncio del presi­dente, la Cámara de Cuen­tas dio un plazo de 13 días para recibir la documenta­ción, siendo la nueva fecha el 28 de septiembre, des­pués de varias quejas por parte de usuarios que tuvie­ron problemas con el portal digital de la institución.

Un día después de excedido el nuevo plazo de entrega, el mandatario aseguró que los funcionarios que no de­clararon sus bienes a tiem­po quedarían suspendidos de sus funciones. “El que no declare será suspendido”, expresó mientras caminaba por los pasillos del Palacio Nacional.

Abinader repitió su ad­vertencia de que si en un periodo de tres semanas después del vencimiento de la fecha de entrega, los fun­cionarios todavía no decla­raban sus bienes entonces serían destituidos.

No obstante, Abinader afirmó que todos los minis­tros y directores generals de instituciones públicas ya habían depositado los do­cumentos solicitados por la institución.

En el listado de la Cáma­ra de Cuentas figuran Lau­reano Guerrero Sánchez, director general de Desa­rrollo Fronterizo; Andrés Enmanuel Bautista Tave­ras, cónsul general en Haití; Juan Agustín de los Santos Peña, cónsul en Colombia; Roberto Enrique Rubio Cu­nillera, viceministro de Re­laciones Exteriores; entre otros servidores públicos.

El primer artículo de los decretos dispone que “la suspensión provisional de los funcionarios se realizará sin disfrute de sueldo hasta tanto presenten su declara­ción jurada”.

Las suspensiones

En las suspensiones del de­creto 525-20 figuran Faruk Garib Arbaje y José Corde­ro Mora viceministros de Agricultura; Anibal Díaz Be­lliard, director operativo de Presidencia; Cecilio A. Ro­dríguez Montás, director ejecutivo del Instituto Na­cional del Bienestar Estu­diantil; Francisco Cantizano Nadal, director de ceremo­nial de estado de Relaciones Exteriores; Simeón Ramí­rez Cruz, director ejecutivo del “Proyecto Cruz de Man­zanillo” del Ministerio de Agricultura; Kohuris Henrí­quez Disla, director general de Riesgos Agropecuarios; Ana María Henríquez Disla, directora ejectuvia del Con­sejo Nacional de Investiga­ciones Agropecuarias y Fo­restales.

SEPA MÁS

Las sanciones.

El artículo cinco de la Ley 311-14 sobre Decla­ración Jurada de Patri­monio dispone un plazo de 30 días siguientes a su toma de posesión pa­ra que los funcionarios presenten la declaración jurada de los bienes que constituyen su patrimo­nio y el de la comunidad conyugal.

Prisión y multa.

Del mismo modo, el artí­culo 15 establece que los funcionarios que falseen su patrimonio pueden enfrentar hasta dos años de prisión y una multa de 20 a 40 salarios mí­nimos por parte del Go­bierno.

Según el listado propor­cionado por la
Cámara de Cuentas, de los servi­dores públicos suspen­didos sólo restaban An­derson Ramón de los Santos y Daniel Antonio Liranzo por hacer su de­claración de patrimonio al 16 de octubre.

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