¿Hay paz? Colombia, a 4 años de la firma del acuerdo entre las FARC y el Estado

RT. Este martes se cumplen cuatro años de la firma del ‘Acuerdo para la terminación definitiva del conflicto’ entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado en medio del incremento de la violencia, reclamos históricos de varios sectores de la población y exigencias del cumplimiento de lo pactado entre la guerrilla y el Gobierno.

Un día antes del aniversario de este acuerdo firmado en Bogotá, que dio paso a la desmovilización y desarme del grupo guerrillero más antiguo de Colombia, organizaciones sociales denunciaron el asesinato del líder social Edgar Hernández, quien era presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) en el municipio de Puerto Caicedo, en el departamento del Putumayo, en el suroeste del país.

Esta nueva muerte se suma al largo listado de líderes sociales y exguerrilleros asesinados sin que aún haya una respuesta contundente ante el incremento sostenido de las muertes. En lo que va de año, 256 luchadores sociales han sido ultimados y desde 2016 la cifra sobrepasa los 1.000.

Las peticiones de la FARC

Entrevistado por RT, el periodista y columnista colombiano Alfredo Molano Jimeno ha catalogado el avance del proceso de paz de «agridulce» y ha destacado que el tema de seguridad es «neurálgico» porque «afecta muchísimo la implementación del acuerdo».

Ante esta situación, el partido político Fuerza Alternativa del Común (FARC), conformado por exguerrilleros, ha pedido garantías de seguridad en medio del asesinato de 242 excombatientes desde 2016 (57 en lo que va de 2020).

La JEP es «inderogable»

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo de justicia transicional contemplado en el acuerdo de paz para procesar a los actores del conflicto armado, ha estado en el centro del debate.

Recientemente, el expresidente Santos recordó que la JEP era «inderogable» y que estaba «blindada» en una carta dirigida al líder de la FARC, Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, quien previamente le había enviado una misiva donde expresaba su preocupación por la propuesta del exmandatario y exsenador Álvaro Uribe de derogar este mecanismo de justicia.

A pesar de que los detractores del acuerdo de paz han señalado una supuesta falta de resultados de la aplicación de la JEP, las cifras arrojan que ha habido 12.678 solicitudes de sometimiento a ese mecanismo jurídico especial: 9.770 son de las FARC; 2.745 de miembros de la Fuerza Pública y 121 de otros agentes del estado, de los cuales 12 han actuado en protestas sociales.

Por otra parte, según ha señalado Molano, el Gobierno «ha estado presionando a la JEP públicamente para que no acepte el ingreso (al mecanismo) de jefes paramilitares que cumplen su pena en EE.UU. y que han empezado a llegar a Colombia».

Los llamados de la ONU

En octubre pasado, el jefe de la misión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, presentó ante el Consejo de Seguridad el informe trimestral sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz.

En el documento refiere que «la incesante violencia contra excombatientes sigue afectando el proceso de reincorporación y, más en general, la consolidación de la paz», y ratifica la petición de mantener «las medidas de seguridad para los excombatientes».

«Es un tema sensible y ha producido un choque entre las organizaciones campesinas y la fuerza pública y ha dejado desprotegidos a líderes sociales que impulsaron en sus comunidades acuerdos colectivos», concluye.

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