Inabie adjudicó a 1,260 empresas que no cumplían requisitos para suplir almuerzo
DL. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) habilitó y adjudicó a 1,260 suplidores que no cumplían con el pliego de condiciones para suplir el almuerzo escolar en los centros educativos públicos, según consta en el Acta de Adjudicación número LPN 0052/2021 del proceso para la adquisición de raciones alimenticias del almuerzo y su distribución en las escuelas, durante la jornada extendida.
El Comité de Compras y contrataciones del Inabie aprobó esta decisión de manera unánime y la justificó en que la cantidad de oferentes descalificados pondría en riesgo la distribución oportuna y eficaz de la alimentación de los estudiantes del sistema público nacional.
Quedaron habilitados para suplir a nivel nacional en total 2,372 suplidores, de los que solo cumplían con el pliego de condiciones 1,112 y fueron más los favorecidos que no calificaban.
La decisión se tomó el dos de octubre pasado mediante el Acto Administrativo Acto/LPN/No. 0056/2021, emitido por el Comité de Compras del Inabie, en un proceso que estuvo dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, que presentaran cocinas instaladas en el territorio nacional.
El acto administrativo expresa lo siguiente: “Sustentado en hechos y derechos, todo lo concerniente a lo sucedido y en conclusión, de manera unánime se procedió a votar a favor de habilitar a los oferentes/empresas que contaban con la calificación de no cumple en el informe sobre B, ya que la cantidad de oferentes descalificados pondría en riesgo la distribución oportuna y eficaz de la alimentación a los estudiantes del Sistema Público Nacional, tanto así que muchos de estos oferentes son proveedores únicos en las localidades remotas de nuestro país. Quedando habilitados un total 2,372 oferentes que pasaron a ser habilitados para ser ponderados en la adjudicación”.
El comité de Compras y Contrataciones aseguró, de acuerdo con el acta de adjudicación, que tomó la decisión apegado a los principios de la razonabilidad, principios de competencia y principio de proporcionalidad, los cuales deben determinar y conducir el accionar de una institución en el marco de las evaluaciones y adjudicaciones de una oferta, pues lo que se busca es equilibrar que la formalidad del procedimiento no se convierta en un mero ritual que no permita prevalecer la sustancia sobre la forma, ni limite o no garantice uno de los procedimientos competitivos.
Los números sobre la cantidad de suplidores que consta en el acta son muy disímiles. Por un lado señala que el 23 de septiembre, el Comité de Compras y Contrataciones al conocer el informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas (sobre A), se contó con un total de 2,656 ofertas evaluadas, de las que 2,372 cumplían con los requerimientos y 284 que no cumplían.
Sin embargo, el dos de octubre fueron incluidos 1,260 dentro de los que ganaron la licitación, que según los comisionados no cumplían con las condiciones exigidas.
Igualmente, indica el documento que en el proceso de reevaluación hecho por el Comité de las propuestas técnicas Sobre A, y la propuesta económica Sobre B, arrojó un total de 1,879 oferentes habilitados con adjudicación y un total de 493 oferentes habilitados sin adjudicación quienes ocuparían el segundo lugar para ser tomados en cuenta en una readjudicación posterior para el caso de que hubiera renuncias, incumplimientos en la entrega o violación contractual.
El acta de adjudicación fue firmada por Cecilio Rodríguez Montás, director de Inabie y presidente del Comité de Compras y Contrataciones; Andrés Montero Ferreras, asesor legal del Comité; Freddy Rainer Torres y Sonia Doñé Sánchez, miembros. Rafael Encarnación Quezada, también miembro, no firmó.
Un grupo de suplidores denunció que fueron habilitados oferentes que no contaban con cocinas instaladas y que también fueron descalificados oferentes a los que previamente se les había aprobado. También que se descalificaron ofertas y no les notificaron a los suplidores en las fechas hábiles para que pudieran recurrir las decisiones de acuerdo con la ley. Afirman que cientos de ellos fueron excluidos del programa de alimentación escolar, y a otros se les disminuyó la cantidad de raciones para la cual ya tenían una capacidad instalada.
