Informe revela irregularidades en préstamo de FMI a Gobierno de Macri

La AGN de Argentina publicó este jueves un informe aprobado por mayoría de los votos a favor de los auditores de signo oficialista, en la que denunció las irregularidades en el manejo del préstamo obtenido en 2018 del Fondo Monetario Internacional (FMI), durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).

“Se trató de un préstamo extraordinario y excepcionalmente alto. De hecho, este fue el préstamo más grande de la historia de la Argentina y del FMI, representando 127 veces la capacidad de endeudamiento de Argentina con el Fondo”, se lee en el texto.

El informe oficial señala que el pacto, que se trataba de un préstamo de 56 000 millones de dólares, de que Argentina consiguió $ 44 000 millones, aumentó la “vulnerabilidad y los riesgos” provenido de la estructura de la cartera de deuda del país.
La eficiencia y la efectividad en el manejo de la deuda no fue asegurado por los procesos y procedimientos relacionados, lo cual afectó la prudencia en la administración del endeudamiento y violó la adecuada supervisión del financiamiento, denuncia el estudio.

Además, agrega que las decisiones adoptadas no se contaron con la información adecuada en relación con los gastos y riesgo tomados, teniendo un impacto en la solvencia y sostenibilidad de la deuda pública.

“Durante el periodo del acuerdo se observó una salida de capitales considerable y continua, la implementación de las medidas para evitarla fue tardía, las condiciones relacionadas a moneda, monto y plazo del acuerdo con el FMI aumentaron el riesgo de insostenibilidad de la deuda”, resalta.

Tras conocerse el contenido del informe, el presidente argentino, Alberto Fernández, escribió en su cuenta de Twitter que, el préstamo del FMI tomado por Macri “más que una deuda, es un delito”.

En este sentido, denunció el proceso de tomar de deuda, sin pasar por el Congreso, violando así la ley del país, por lo que, afirmó, “debe ser investigado con todo el peso de la Justicia”.

La AGN, compuesta por siete miembros, incluidos tres de la oposición, también dirigida por un opositor, está a cargo de controlar la legalidad, gestión y auditoría de todas las acciones de la administración pública.