Invasión de terrenos públicos y privados está a la orden del día

La denuncia de intento de apropiación de más de un millón de metros cuadrados de terreno en Boca Chica pone en relieve una vieja práctica de violación a la propiedad privada de la que no escapa el Estado dominicano y que en muchas ocasiones ha contado con el contubernio de la fuerza pública.

Solo el año pasado la Dirección General de Bienes Nacionales realizó 396 investigaciones en torno a ocupaciones de propiedades estatales o privadas. La información está contenida en la Memoria Institucional 2024.

Este dato afirma la percepción de que la invasión de terrenos está a la orden del día en el país. Y si se toma como referencia el número de casos citado en el documento oficial, se interpreta que cada 24 horas, esta institución maneja en promedio al menos una denuncia relacionada con ocupación de propiedad.

Las casi 400 investigaciones que abrió Bienes Nacionales en 2024 incluyen posibles afectaciones en los ensanches Kennedy, Cristo Rey, Dajabón, Isabelita, La Fe, Habitacional Los Alcarrizos II, Proyecto Habitacional Las Caobas, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este, San Cristóbal, Los Frailes, Barahona, La Yuca, y en San Juan de la Maguana.

Aunque sin ofrecer información detallada de los casos, el documento señala que en ese período el Departamento de Recuperación realizó 548 informes de investigación de propiedades a nombre del Estado dominicano en Samaná, Distrito Nacional, Barahona, Montecristi, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, La Romana, San Juan de la Maguana, Barahona, María Trinidad Sánchez, Pedernales y Santiago.

En el ámbito privado, la situación se agrava, puesto que en muchas ocasiones se involucran redes articuladas para apropiarse de lo ajeno, sustentadas en la intimidación y en el poder de una insignia con rango militar u oficial.

Un caso reciente se escenificó en lo que pretendía ser “Boca Chica Country Club”, que según evidencia el Reporte Especial con Julissa Céspedes, se trata de “una joya inmobiliaria estancada por el abandono legal y el atropello físico, donde los haitianos se usan como ejército y escudo al servicio de militares dominicanos”.

Según la denuncia, los propietarios legítimos (a juzgar por los títulos de más de 40 años) señalan como responsable de la ocupación a una coronela de la Fuerza Aérea Dominicana, quien acompañada por otros civiles armados, habría ingresado en múltiples ocasiones al terreno al que se le ha visto limpiar y marcar las áreas.

“El contrato que presenta carece de validez legal. Es un documento inventado”, afirma William Cunillera, abogado de la familia propietaria y quien dice lleva más de tres años enfrentando esta situación que describe como una táctica de desgaste y que ya desborda las formas legales.

“No se trata de una necesidad de vivienda de pobres; es una operación organizada, amparada en falsificaciones, protección militar y sobornos a funcionarios”, sostiene. Desde la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo, las invasiones de tierra han sido permanentes, tanto en terrenos privados como del Estado, situación que se ha complicado en las últimas décadas por la falsificación de títulos y por la superposición de derechos, subraya.

“Y así la gente compra con papeles que le dicen, sí yo tengo el título, le enseñan un título de otra persona y se la llevan a un notario y le hacen un contrato y le sacan un dinero. Entonces manejan capitales, andan en yipetas con guardaespaldas y choferes armados y sobornan a los abogados ayudantes del abogado del Estado, les dan unos miles de pesos y no dan la autorización de desalojo nunca, hasta que ellos se enfrían con sus ocupantes y disfrutan de su dinero”, sostiene el abogado Cunillera.

Además, a menudo se utilizan contratos falsificados, firmas de personas fallecidas o ausentes del país, e incluso títulos superpuestos que aparentan legalidad, destaca el Reporte Especial con Julissa Céspedes.
Según señala la investigación periodística, la venta ilegal se ejecuta en serie: un “comprador puente” adquiere el terreno, lo vende a otro, y así sucesivamente, hasta que aparece un último “comprador de buena fe” que alega derechos sobre la propiedad.

Agrega que casos similares se han registrado en San Cristóbal, donde invasores talaron árboles en zonas protegidas para construir viviendas; en Altos de la Colombia, donde se destruyó flora para levantar asentamientos ilegales; y en Navarrete, donde terrenos de la Circunvalación fueron invadidos con la anuencia de autoridades locales.

Condenan participación de militares en casos