Jueza advierte sobre el desafío de la implementación del Código Procesal Penal
La jueza Esmirna Gisselle Méndez Álvarez, ha reflexionado sobre la implementación del Código Procesal Penal (CPP) en la República Dominicana, destacando que el problema no reside en el diseño del instrumento legal, sino en cómo ha sido aplicado durante los últimos 21 años.
La magistrada que preside el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, consideró que el CPP fue concebido para romper con una cultura de expedientes estancados y plazos incumplidos, buscando garantizar una gestión efectiva del proceso penal que respetara las garantías mínimas del ciudadano y ofreciera una respuesta oportuna a las víctimas.
Méndez Álvarez señaló que, si bien el CPP ofrece la posibilidad de acuerdos y plazos máximos, la realidad operativa dista de lo ideal y que el sistema actual no está aprovechando plenamente las herramientas que el código ya contempla.
La jueza cuestionó: «¿Con qué herramientas disponemos para gestionar efectivamente esa necesidad que tiene el poder judicial y el sistema judicial de dar respuesta a esos usuarios en el caso de un imputado o una víctima?».
Destacó que un problema fundamental es la distribución de la carga de trabajo, ya que algunas demarcaciones judiciales enfrentan una sobrecarga mayúscula, mientras otras, con el mismo número de jueces, tienen una carga significativamente menor.
Esta disparidad afecta la calidad y el tiempo de respuesta judicial, puesto que un juez que gestiona cientos de procesos no puede ofrecer la misma atención que uno con una carga mucho menor”, argumentó la jueza.
LA NECESIDAD DE FLEXIBILIDAD Y ENFOQUE EN SOLUCIONES ALTERNATIVAS
Destacó que el Poder Judicial ha iniciado esfuerzos para optimizar los recursos existentes, reconociendo que no puede crear nuevos tribunales indiscriminadamente.
“La pregunta clave es qué modificaciones normativas se requieren para disponer con mayor flexibilidad del recurso humano, a fin de afrontar la demanda de servicios”, apuntó.
La magistrada enfatizó que ningún poder judicial en el mundo puede dar respuesta a la totalidad de los procesos a través del «proceso largo» (las cinco etapas tradicionales).
Indicó que el CPP ofrece múltiples posibilidades de resolución anticipada, como los acuerdos entre las partes, con una proyección de que el 90% de los procesos deberían resolverse de esta manera, permitiendo a los tribunales concentrarse en los casos que realmente ameritan su atención.
REALIDAD ACTUAL: PRESIÓN SOBRE EL PODER JUDICIAL Y EL DESAFÍO DE LA REEDUCACIÓN
Sin embargo, la jueza sostiene que la realidad dominicana es otra: el Poder Judicial debe juzgar y gestionar aproximadamente el 87% de los procesos, mientras que solo el 13% de los usuarios acuerdan.
A su juicio esta desproporción genera una presión mayúscula sobre el sistema, que no depende del código en sí ni cambiará con un nuevo modelo.
Señaló que la posibilidad de un catálogo de opciones para resolver anticipadamente los conflictos ya está en el CPP.
Agregó que si, después de veinte años, el sistema sigue «entrampado» en estas dificultades y no se propone un código nuevo, la única vía es reeducar a todo el sistema para aplicar lo que ya existe en el código «intacto». De lo contrario, se correría el riesgo de pasar otros veinte años en la misma situación.
LD.
