Juventud y gremios rompen el silencio: Perú exigen cese de la impunidad
La Generación Z de Perú, articulada con sindicatos de trabajadores, protagonizó este viernes 14 de noviembre, una nueva y significativa jornada de movilización en las calles de Lima. La protesta tuvo como doble eje la exigencia de justicia por el asesinato de Eduardo Ruiz, el joven abatido por un policía encubierto durante las manifestaciones del pasado 15 de octubre, y la denuncia enérgica contra lo que consideran una alarmante impunidad institucional frente a las demandas sociales y una ola de criminalidad que azota al país.
Decenas de estudiantes universitarios, activistas civiles y gremios laborales se concentraron en varios puntos estratégicos de la capital para converger en una marcha hacia el centro histórico, en un contexto de fuerte presencia policial. La movilización se desarrolló a pesar del estado de emergencia vigente en Lima, una medida implementada supuestamente para combatir el crimen organizado, pero que en la práctica suspende temporalmente derechos fundamentales como la libertad de reunión, lo que añade una capa de tensión a la protesta.
A la cabeza de la manifestación en Lima marchó una delegación representativa de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la principal central sindical del país. La pancarta principal de la CGTP encapsulaba el sentir colectivo, reclamando la defensa del trabajo, la seguridad y la vida, en una respuesta directa a la creciente ola de crímenes perpetrados por bandas de sicarios y extorsionadores que aterrorizan a transportistas, comerciantes y obreros de construcción civil.
Una de las consignas centrales de la movilización fue la derogación inmediata de las llamadas ‘leyes pro-crimen’. Este conjunto de normas, aprobadas recientemente por el Congreso generaron una amplia controversia, ya que diversos sectores de la sociedad peruana consideran que su efecto real es diametralmente opuesto al propósito declarado, terminando por facilitar y proteger la actividad delictiva en lugar de combatirla, profundizando la crisis de inseguridad.
La jornada de protesta se extendió más allá de la capital, con movilizaciones simultáneas en ciudades estratégicas del surandino, como Cusco y Puno, donde obreros de la Federación de Trabajadores del Cusco y del gremio de Construcción Civil se unieron a la causa.
No obstante, la represión no se hizo esperar: al inicio de la marcha en Lima, el frente de egresados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos denunció el cerco policial del campus y la detención de un compañero, aunque la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) confirmó su posterior liberación tras la presión ejercida en redes.
El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, contribuyó al clima de restricción al declarar la intangibilidad de la céntrica Plaza San Martín, tradicional punto de encuentro para manifestaciones, buscando evitar aglomeraciones de carácter político.
Sumado a esto, las primeras horas del día vieron un paro parcial de transportistas en las zonas norte y sur de Lima, llevando a que colegios públicos y algunas universidades, incluyendo la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) otro foco de la Generación Z, dictaran clases en modalidad remota para garantizar la seguridad de los estudiantes.
TELESUR
