La ley bases y el paquete fiscal, que ya pueden ser promulgadas por el presidente, contó con el apoyo de Propuesta Republicana (PRO, centroderecha), partido fundado por el expresidente Mauricio Macri(2015-2019); parte de la Unión Cívica Radical (UCR, centro), que integró con la primera fuerza la coalición Juntos por el Cambio con la que el exmandatario accedió a la presidencia en 2015, y las fuerzas Hacemos Coalición Federal (centroderecha) e Innovación Federal (centroderecha), entre otros bloques minoritarios.
La principal alianza opositora, Unión por la Patria (peronista), y el Frente de Izquierda de Trabajadores (FIT) manifestaron su desacuerdo con la normativa.
La coalición gobernante, La Libertad Avanza (ultraderecha), dejó varias pretensiones por el camino para lograr la aprobación de la ley bases en el Senado el 12 de junio, como la privatización de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio Televisión Argentina.
Con la sanción de la ley en Diputados, el Gobierno podrá privatizar 6 empresas de las 41 que propuso en la versión original del proyecto.
Dos podrán pasar a manos privadas de manera completa: Energía Argentina, que cubre toda la cadena de valor vinculada con la exploración, explotación, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de los hidrocarburos, e Intercargo, que brinda servicio aeroportuarios.
En simultáneo, podrán ser concesionadas o privatizadas de manera parcial Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa); Belgrano Cargas, que opera una línea ferroviaria de mercancías que recorre provincias agropecuarias; Corredores Viales, que gestiona la infraestructura y el tránsito de las carreteras, autopistas y autovías concesionadas, y la Sociedad Operadora Ferroviaria (Sofse), que presta servicios ferroviarios con seis de los ocho ramales de la zona metropolitana de Buenos Aires.
El oficialismo también resignó en la Cámara Alta la posibilidad de disolver organismos culturales, así como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
Diputados también aceptó los mínimos cambios que introdujo el Senado en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece incentivos fiscales, cambiarios y aduaneros de gran envergadura, durante 30 años, a proyectos que superen los 200 millones de dólares y se encuadren en los sectores agroforestal, de infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, siderúrgica, petróleo y gas.
Menos voluminoso que el proyecto de ley bases debatido en febrero, cuando fracasó su tratamiento al momento de votar cada capítulo, la norma actual incluye 238 artículos.
La ley bases delega facultades legislativas en el presidente, por el plazo de un año, en las áreas declaradas en emergencia: la administrativa, la económica, la financiera y la energética.
La legislación también incluye una reforma laboral que amplía el período de prueba, elimina las multas por trabajo no registrado, incentiva un fondo de cese laboral en detrimento de las indemnizaciones, y permite a un empleador contratar a otros trabajadores de manera independiente sin establecer una relación de dependencia.
En este contexto, el Ejecutivo de Milei impulsa un inédito plan de ajuste para lograr superávit fiscal y reducir la inflación, lo que ha llevado a una abrupta reducción del gasto público y a una licuación de los ingresos que ha provocado que la economía entre en recesión.
